Montesquieu nunca habló de él. La teoría política clásica distingue entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, este gobierno ha consolidado un cuarto poder, uno no previsto en los manuales de ciencia política: el poder planificativo. No ejecuta. No transforma. No construye. No resuelve. Su principal función consiste en anunciar que algún día todo será posible, y que están poniendo las bases para ello.
Cada vez que el gobierno es cuestionado por el estado de la salud pública, la educación, el deterioro de la infraestructura, el crecimiento económico, el medio ambiente, las finanzas públicas o las comunicaciones, la respuesta suele ser prácticamente idéntica: «Estamos sentando las bases para que los proyectos puedan desarrollarse en el futuro.» La frase cambia ligeramente según el ministro de turno, pero el mensaje permanece intacto. El presente siempre queda subordinado a un futuro prometedor que nunca termina de llegar o que se fija para cuando ya no estén quienes lo anuncian. El actual gobierno supera los dos años y medio de “gestión”, y continúa justificando la ausencia de resultados con la necesidad de preparar el terreno para que otros, algún día, cosechen los frutos.
Toda administración necesita planificar. Nadie discute que los grandes proyectos requieren estudios, diseños, financiamiento, licitaciones y planificación seria. Pero la planificación es un medio, no un fin. Gobernar implica decidir, asumir riesgos, enfrentar intereses, resolver conflictos y ejecutar políticas públicas. La planificación sin ejecución termina siendo únicamente una elegante forma de aplazar las decisiones; una labor de consultores que nunca soluciona problema alguno para los ciudadanos.
Además, el Ejecutivo ha encontrado una salida cómoda: que sean otros quienes hagan aquello que corresponde hacer al propio Estado. Así, la construcción de infraestructura estratégica parece depender de que ingenieros militares estadounidenses decidan intervenir mediante programas de cooperación. Del mismo modo, el proyecto del Metro Riel confia en que los británicos lo encuentren atractivo para participar en una obra largamente anunciada. La referencia británica tiene, además, un curioso trasfondo histórico. En siglos pasados se comprometió a construir una carretera que conectara Guatemala con el Caribe a través de Belice, parte del compromiso asumido en el contexto del diferendo territorial entre ambos países. La carretera nunca se construyó como fue prometida y terminó convirtiéndose en uno de los múltiples símbolos de promesas incumplidas que marcaron la relación bilateral. Hoy pareciera que seguimos esperando soluciones provenientes del mismo lugar donde, hace más de un siglo, también esperamos una infraestructura que nunca llegó.
No hay nada malo en atraer inversión extranjera ni en recibir cooperación internacional. Al contrario, toda nación inteligente aprovecha ambas herramientas. El problema aparece cuando esas iniciativas sustituyen la responsabilidad del propio gobierno y se convierten en la justificación permanente de la inacción.
El poder ejecutivo recibe ese nombre precisamente porque debe ejecutar. Su legitimidad no proviene únicamente del diseño de planes o de la elaboración de hojas de ruta, sino de la capacidad de convertir las promesas en realidades verificables. Los ciudadanos no viven de estudios de factibilidad. No se atiendenen hospitales proyectados. No circulan por carreteras planificadas. No estudian en escuelas previstas para el próximo quinquenio. No viajan en trenes dibujados sobre presentaciones digitales.
Gobernar exige algo más que administrar expectativas, y la historia demuestra que todos los gobiernos elaboran planes. Lo que diferencia a unos de otros es cuántos de esos planes logran convertirse en resultados tangibles antes de concluir su mandato.
Porque cuando un Ejecutivo dedica más tiempo a explicar por qué no “puede” actuar que a mostrar lo que ya hizo, deja de ser verdaderamente ejecutivo, y termina convirtiéndose, simplemente, en un poco práctico poder planificativo.