La propuesta de convocar una consulta popular para suprimir la Corte de Constitucionalidad, planteada por Alfonso Cabrera, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, debería preocuparnos. No se trata de una ocurrencia ni de una frase lanzada al calor del debate, sino de una afirmación que, viniendo de un constituyente, revela una contradicción profunda: aquello que se diseñó, defendió y justificó durante cuarenta años, ahora parece no servir porque sus decisiones no coinciden con el criterio de quien antes defendía su existencia.
Discutir si una institución funciona bien o mal es legítimo. Ninguna institución democrática está por encima de la crítica. La Corte de Constitucionalidad puede y debe ser evaluada, cuestionada y sometida al escrutinio público. Sus magistrados pueden equivocarse, sus resoluciones pueden ser discutibles y sus argumentos jurídicos pueden ser criticables. Pero una cosa es debatir el funcionamiento de una institución y otra muy distinta proponer su eliminación porque sus actuales integrantes resuelven de una manera que no gusta.
No se está discutiendo el modelo constitucional con serenidad, ni analizando si se necesita un tribunal constitucional, si sus competencias son excesivas o si su integración requiere reformas. Lo que parece plantearse es algo mucho más básico y peligroso: como la Corte actual decide de forma que algunos consideran incorrecta, entonces hay que desaparecerla. No se debaten principios, sino preferencias. No se cuestiona la arquitectura institucional, sino a las personas que ocupan los cargos. Y cuando cambien esas personas, probablemente volverán a aparecer los mismos defensores de la institución, siempre que sus resoluciones les sean favorables.
La contradicción se vuelve más evidente cuando se recuerda que muchos de los personajes públicos que ahora cuestionan con dureza a la Corte de Constitucionalidad defendieron en otro momento con aquella idea uniforme de que “las decisiones de la CC se cumplen, no se discuten”, frase que circuló en redes sociales como consigna incuestionable. Cuando la Corte estaba integrada por otros magistrados y resolvía en otro sentido, había que acatar sin rechistar. Hoy, como la composición cambió y las resoluciones no satisfacen a los mismos sectores, ya no basta con criticarlas: ahora se quiere cerrar la institución.
Pero además existe otro elemento profundamente revelador. Durante años hubo una persona concreta a la que culpar de todos los males institucionales, políticos y judiciales del país. Se construyó un relato cómodo y simplista donde bastaba señalar a un individuo para justificar cada fracaso, cada inacción y cada incapacidad propia. Ahora que esa figura ya no está, lejos de producirse la esperada normalización, simplemente se buscan nuevos culpables. La Corte, sus magistrados o cualquier otra institución pasan a ocupar el lugar del enemigo de turno. Todo sirve para evitar reconocer nuestra propia incapacidad, inacción, complacencia y alarmante falta de carácter político y ciudadano. Una narrativa que todo lo justifica.
Vaya nivel de reflexión, de razonamiento y de criterio democrático. Así nos va como país. Nos siguen gustando más las personas que las instituciones, más los nombres que las normas, más los fallos favorables que los principios jurídicos. Aplaudimos al árbitro cuando pita a nuestro favor y pedimos expulsarlo cuando aplica el reglamento en contra de nuestros intereses. Ese no es un comportamiento republicano, es una expresión de personalismo autoritario, en su versión más moderna, hipócrita y contundente.
Necesitamos una cultura constitucional seria, no una cultura política basada en simpatías, venganzas o frustraciones personales. Si la Corte de Constitucionalidad debe reformarse, que se discuta con argumentos, con propuestas, con visión y no desde el berrinche político. Porque si cada vez que una institución no actúa como queremos proponemos cerrarla, entonces no queremos democracia constitucional sino obediencia y populismo y autoritarismo, que quizá sea lo que nos sobre.