La contaminación mediático-informativa de estas últimas semanas ha sobrepasado con holgura mi generoso límite de tolerancia. Entre la inminente detención —siempre “inminente”— de magistrados recién nombrados, la insistente profecía de que la CSJ y el Congreso elegirían a la actual fiscal general como magistrada de la CC, y una interminable colección de bulos, bolas y chismes reciclados, el panorama nacional se ha convertido en una especie de feria permanente del rumor, del escándalo.

Y lo más llamativo no es que los rumores existan. En cualquier sociedad aparecen. Lo verdaderamente sorprendente es la velocidad con que se industrializan. En cuestión de minutos, cualquier comentario de pasillo se transforma en “información”, luego en “análisis”, y finalmente en “verdad revelada”. Para ese milagro contamos con un ecosistema particularmente fértil: influencers de pacotilla, militantes cuidadosamente ocultos tras perfiles anónimos y algunos medios que, en un arranque de creatividad periodística, toman el bulo del día y lo visten con dos adjetivos solemnes y un titular dramático.

Naturalmente, el fenómeno no prosperaría sin la colaboración entusiasta de la audiencia. Porque el mayor problema no es la incapacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, sino la falta de interés en hacerlo. Verificar exige tiempo; el chisme, en cambio, ofrece gratificación inmediata. Confirmar prejuicios siempre resulta más cómodo que cuestionarlos. Por eso los bulos prosperan con tanta facilidad. Funcionan como una forma de entretenimiento político: alimentan indignaciones rápidas, permiten sentirse informado sin necesidad de estarlo y convierten la política en una telenovela donde cada quien elige el episodio que mejor encaja con sus convicciones previas.

Recuerden que hace años hubo que legislar sobre el delito de pánico financiero, que no es más que la propagación irresponsable de rumores capaces de afectar la economía. El detalle irónico es que la ley puede castigar al chismoso profesional, pero no al vasto ejército de replicadores voluntarios que difunden el rumor con entusiasmo patriótico y nulo sentido crítico.

Pero lo verdaderamente preocupante llega cuando el propio presidente respalda el ambiente de rumorología con un comunicado oficial en el que afirma: “Nos hemos enterado que se está intentando aparentar…”. Detengámonos en la expresión: nos hemos enterado. No dice que lo sepa, ni que lo haya confirmado, ni que disponga de evidencia. Simplemente se ha enterado; lo ha oido. Y si el jefe del Estado reconoce públicamente que su información proviene del mismo ecosistema de rumores que alimenta las redes sociales, la pregunta resulta inevitable: ¿qué nos queda al resto de mortales? Nosotros no tenemos servicios de inteligencia, ni asesores estratégicos, ni aparatos mediáticos, ni el teléfono del embajador para confirmar la última teoría conspirativa antes de entrar en pánico.

Seamos honestos: somos una sociedad profundamente chismosa. Los bulos prosperan donde la ciudadanía carece de la formación —o del interés— necesario para analizar críticamente lo que escucha. Separar la paja del grano exige un mínimo de disciplina intelectual, una dosis de escepticismo y, sobre todo, la disposición a aceptar que quizá estamos equivocados.

Pero exigir todo eso quizá sea demasiado optimista, al fin y al cabo, el viejo refrán sigue teniendo razón: no se le pueden pedir peras al olmo. Y mucho menos espíritu crítico a quien encuentra en el chisme su principal fuente de información política. El problema nunca ha sido la falta de información; el problema es la abundancia de gente que prefiere el chisme a pensar. Al final, el bulo no revela tanto sobre quien lo inventa como sobre la sociedad que lo necesita. Quizá no estaría de más encomendar el país a San Ramón Nonato, santo patrón contra los rumores, chismes y habladurías malintencionadas; porque visto lo visto, es probablemente la única institución que aún no ha sido capturada por la república del bulo.