He bautizado como “ubiquismo” esa extendida —y peligrosamente acomodada— creencia de que la autoridad debe o puede hacerlo todo. Una fe cívica casi teológica por la que se considera que el presidente o el político de turno disponen de capacidades ilimitadas: omnipresentes, omniscientes y, por supuesto, omnipotentes. Una versión del Leviatán tropical en la que tampoco está la menor preparación tecnica para ejercer aquello que se le exige.
El problema es que la democracia no está diseñada para sostener fantasías. Requiere, como mínimo, comprensión de sus alcances, pero tambien de sus límites. Y ahí empieza la grieta: pretender resultados extraordinarios sin entender los mecanismos ordinarios. En otras palabras, seguimos pidiéndole peras al olmo, pero con la convicción de que esta vez, por arte de magia política, sí las dará.
Además, no se puede exigir desempeño donde no hay capacidad; resultados donde hay ausencia deformación; y tampoco liderazgo donde no hay trayectoria. Y, sin embargo, esa es precisamente la lógica dominante.
Basta observar cualquier proceso de selección o elección de cargos públicos. El análisis de perfiles —cuando existe— es superficial, casi ornamental. Lo sustantivo queda relegado frente a lo inmediato: el nombre, la afinidad, la proximidad, el conocimiento, la cercanía. Se elige rector de la USAC, magistradosde cortes o alcaldes con criterios que en cualquier esfera privada serían inaceptables. No se evalúa si el candidato tiene una carrera académica sólida, producción intelectual o experiencia en gestión; no se exige que un juez haya demostrado rigor jurídico sostenido; no se demanda que un político haya acreditado capacidad real de gobierno. En lugar de eso, se impone un sistema de baja exigencia que combina familiaridad, conveniencia política y lealtades difusas. Un ecosistema donde el mérito casi desaparece por completo, y nunca es determinante, y la ausencia de perfil o la mediocridad no penalizan, sino que, en ocasiones, facilitan el acceso.
El resultado no debería sorprender a nadie: instituciones frágiles, decisiones erráticas y gestión pública de baja calidad. Lo verdaderamente llamativo no es el desenlace, sino la reiteración del proceso que lo produce. Se repite, elección tras elección, designación tras designación, como si la experiencia acumulada no generara aprendizaje alguno.
Más aún, cuando el sistema falla —que es lo más frecuente— no se revisan los criterios de selección, sino que se sustituye al individuo manteniendo intacto el método. Se cambia el nombre, no la lógica. Como si el problema fuera de personas y no de principios. Esta persistencia en el error no es accidental: responde a una cultura política que ha normalizado la mediocridad y ha convertido la exigencia en una anomalía.
A ello se añade una indulgencia social difícil de justificar. La falta de preparación no genera rechazo, sino tolerancia; la incompetencia no provoca sanción, sino resignación. En este contexto, la excelencia no solo escasea: resulta incómoda. Elevar el estándar implica cuestionar el sistema, y eso —en términos prácticos— es más costoso que adaptarse a él.
Así, el “ubiquismo” cumple una función doble: justifica expectativas irreales y, al mismo tiempo, encubre la falta de exigencia en el origen. Esperamos todo de quien no puede hacerlo, pero evitamos preguntarnos por qué lo colocamos ahí. Y en esa omisión se consolida un círculo vicioso perfectamente cerrado: bajas exigencias, bajos perfiles, bajos resultados.
Romperlo no requiere una reforma retórica ni un cambio de personas. Exige algo más elemental y, precisamente por eso, más difícil: introducir criterios, exigir capacidades y asumir que la democracia no funciona sin responsabilidad ciudadana. Lo contrario —seguir confiando en soluciones omnipotentes sin condiciones mínimas— no es solo ingenuo. Es, a estas alturas, una forma de complicidad.