Pues sí, llegamos al mes de abril del segundo año de un gobierno que, pese a haber pasado por cinco ministros de Comunicaciones, ha sido incapaz de resolver uno de los problemas más básicos del Estado: el mantenimiento de las carreteras nacionales. Da igual hacia dónde se dirija uno o lo temprano que inicie el viaje; el deterioro de la red vial termina, inevitablemente, provocando retrasos interminables o, peor aún, accidentes que podrían evitarse.

No se trata solo de un problema técnico o presupuestario. Es, ante todo, un problema de gestión. Falta capacidad de ejecución, pero también —y esto resulta más grave— parece faltar voluntad. Desde la oposición, quienes hoy gobiernan llenaron el discurso de críticas hacia la ineficiencia de sus predecesores. Sin embargo, el balance actual no difiere en lo esencial: los resultados siguen siendo, en términos prácticos, igual de desastrosos.

Los justificadores del oficialismo apelan a un argumento recurrente: “al menos no roban”. Puede que, en algunos casos, tengan razón. Pero para el ciudadano común, para la familia que necesita desplazarse por trabajo, salud o incluso descanso, el resultado es el mismo: carreteras intransitables y riesgos elevados. La diferencia moral puede ser relevante en el plano ético, pero en la vida cotidiana, la consecuencia es idéntica. La desidia también cuesta, y cuesta caro.

A este panorama se suma otro factor igualmente preocupante: carreteras bloqueadas por grupos de presión que actúan con total impunidad. La ausencia de una respuesta firme por parte del Ministerio de Gobernación evidencia una pérdida de autoridad que trasciende lo simbólico. El Estado no sólo no repara, sino que tampoco garantiza el libre tránsito. Y aunque algunas protestas —como las derivadas del aumento del combustible— no sean responsabilidad directa del gobierno, sí lo es la falta de reacción eficaz frente a sus efectos.

Basta recordar intervenciones pasadas de figuras hoy en el poder, cuando desde su posición de diputados criticaban con dureza situaciones similares. Aquellos discursos, que hoy circulan en video como incómodo recordatorio, obligan a formular una pregunta inevitable: ¿qué están haciendo ahora que tienen la responsabilidad de actuar?

La corrupción es, sin duda, un problema grave. Pero la inacción sistemática no lo es menos. Se puede disponer de recursos y aun así no hacer nada útil con ellos. Y eso es, precisamente, lo que parece estar ocurriendo. Mientras tanto, el presupuesto se diluye en subvenciones, dádivas, contrataciones cuestionables o incrementos salariales poco justificados, sin que ello se traduzca en mejoras tangibles para la población.

Como sociedad, el resultado es una frustración creciente. Antes, el reproche era la corrupción; ahora, la ineficiencia. Y lo más preocupante es la sensación de que estamos atrapados entre esas dos opciones. Debería avergonzarnos no ser capaces de exigir —y conseguir— una gestión pública mínimamente competente. Pero, en un entorno polarizado, incluso esa exigencia parece diluirse entre la defensa acrítica de unos u otros.

La desidia no es solo una falta de acción: es una forma de gobierno. Y cuando se instala, sus efectos terminan siendo tan dañinos como los de cualquier otra mala práctica que se pretenda justificar.

Además, el panorama se pinta igual o peor para el 2027 en que habrá elecciones generales, y da la sensación de que habrá que volver a elegir a un mangante o a otro inoperativo, como que estuviéramoscondenados al fracaso permanente. Todavía es tiempo de averiguar las razones y quizá, sólo quizá, tener otra oportunidad en el fututo próximo.