En pocos días tomará posesión el nuevo Fiscal General y comenzará una nueva etapa en la conducción de la persecución penal del país. En una sociedad en la que con demasiada frecuencia se confunde optimismo con realismo y esperanza con hechos concretos, es posible que volvamos a caer en el mismo patrón que tantas veces ha terminado en frustración colectiva. No porque sea incorrecto tener esperanza, que probablemente es lo último que una sociedad debe perder, sino porque el entusiasmo suele sustituir el análisis racional de la realidad, y la emoción termina imponiéndose.
Algo similar ocurrió a finales de 2023. La llegada de un nuevo gobierno despertó en amplios sectores expectativas casi redentoras. Para muchos ciudadanos, cansados del desgaste institucional, de la corrupción y de la confrontación política permanente, el cambio de autoridades parecía anunciar el inicio de una transformación profunda e inmediata. Sin embargo, la realidad institucional del país era —y sigue siendo— mucho más compleja que las emociones del momento. Con el paso de los meses, gran parte de aquellas expectativas se fueron diluyendo porque las estructuras profundas del Estado no cambian al ritmo de los deseos ciudadanos.
Algo parecido puede ocurrir ahora con el Ministerio Público. El nuevo Fiscal General llegará con planes, objetivos y expectativas de resultados. Muy probablemente es una persona preparada, íntegra, profesional y con voluntad de hacer las cosas correctamente. Pero una cosa es la voluntad y otra muy distinta la capacidad real de transformar un sistema profundamente deteriorado, fragmentado y condicionado por múltiples actores e intereses. El problema es que buena parte de la ciudadanía vuelve a depositar en una sola figura responsabilidades que exceden ampliamente sus competencias legales y materiales.
Existe una percepción equivocada de que el Fiscal General puede, por sí solo, corregir todo aquello que genera inconformidad en el sistema de justicia. No puede desjudicializar expedientes que ya se encuentran bajo conocimiento de jueces, aunque algunos esperen que eso sea una de sus primeras decisiones. Tampoco puede revertir automáticamente procesos ya planteados ante tribunales, modificar resoluciones judiciales o corregir sentencias emitidas dentro del Organismo Judicial. Muchas de las cosas que la ciudadanía reclama no dependen exclusivamente del Ministerio Público, sino de un entramado institucional mucho más amplio, complejo y problemático.
Durante años, la atención pública se concentró casi exclusivamente en el Ejecutivo y el Legislativo, mientras el sistema judicial avanzaba con escaso escrutinio ciudadano. Mientras unos observaban únicamente la política partidaria o la disputa ideológica, otros comprendieron perfectamente dónde estaba el verdadero poder estructural: en los tribunales, en las cortes, en los mecanismos de control judicial y en la capacidad de influir sobre decisiones aparentemente técnicas que terminan teniendo enormes consecuencias políticas, económicas y sociales.
El verdadero riesgo consiste en repetir el mismo ciclo emocional: idealizar personas, depositar expectativas desproporcionadas y luego transformar inevitablemente la decepción en frustración política y social. Ningún Fiscal General podrá reconstruir por sí solo un sistema institucional debilitado durante décadas. Los cambios reales requieren tiempo, gradualidad y una sociedad capaz de sostener procesos de transformación sin destruirlos por ansiedad, polarización o expectativas irreales.
Las sociedades que logran reformas profundas lo hacen entendiendo que las instituciones cambian lentamente, que los sistemas complejos requieren reformas integrales y que la estabilidad también forma parte de cualquier transformación sostenible. Los cambios deben hacerse al ritmo que una sociedad puede soportar y consolidar, no al ritmo de la emoción del momento. Porque cuando la esperanza sustituye completamente a la realidad, el resultado no suele ser la transformación, sino un nuevo fracaso colectivo.