Hemos desarrollado una curiosa habilidad nacional: sorprendernos de lo que ya sabíamos. Cada cierto tiempo descubrimos, con indignación recién estrenada, que una institución está capturada. Entonces vienen los comunicados, los análisis, los foros y las caras graves. Se ha visto muchas veces, y lo que cambia no es la captura, sino el captor.

El Ministerio Público no fue capturado hace unos años. Lleva rato siendo campo de batalla, trofeo institucional y herramienta de poder. Antes apuntaba en una dirección; después, en otra. Durante un tiempo la CICIG colaboró en esa reconfiguración del poder judicial y penal, con luces, sombras, excesos, aciertos y una enorme capacidad para alterar el tablero. Tras su salida, otros actores ocuparon los espacios disponibles, porque el vacío institucional no existe: cuando una influencia termina, otra empieza.

El problema es que seguimos discutiendo como si la captura institucional fuera patrimonio exclusivo de un bando, y nos encanta ese autoengaño. Si la institución persigue a los míos, está capturada; si persigue a los otros, está funcionando. Es justicia o persecución, según la conveniencia del día, y hemos convertido el Estado en una piñata ideológica.

Olvidamos —y parte de quienes lo recuerdan no gustan de hacerlo— que se modificó la ley del MP para que el presidente no pudiera destituir al fiscal general. Aquello, que se presentó en su momento como una garantía de independencia, terminó produciendo otro problema: una jefatura del Ministerio Público blindada frente al control político. Y eso sigue sin corregirse. Por eso, cualquier discusión sobre el nuevo fiscal general puede ser apenas un parche necesario, pero no una solución de fondo.

Si el diseño institucional permite capturas sucesivas, lo único que hacemos es esperar el turno del siguiente ocupante. Un país serio no debería depender de que el fiscal general sea bueno, malo, valiente, dócil, vengativo o prudente. Debería tener reglas, controles y contrapesos capaces de resistir a cualquier persona que llegue al cargo.

Y mientras nos entreteníamos en la pelea ideológica, se nos fue colando el crimen organizado. Ese no necesita consigna ni manifiesto; no es de derecha ni de izquierda, ni lee editoriales, ni se indigna en redes, ni pide permiso para entrar. Compra, amenaza, financia, infiltra y espera. Su paciencia es muy superior a la de cualquier partido político.

El narco y el crimen organizado entendieron hace años lo que buena parte de la clase política todavía finge no entender -¿o si?-: el poder real muchas veces no está en la capital, sino en la política local. En las municipalidades, en las obras, en las licencias, en las rutas, en las plazas, en los contratos, en los silencios.

Allí donde el Estado llega tarde, débil o vendido, otros administran el territorio. Y quienes lo hacen, no necesitan controlar todo el Estado, les basta con lo suficiente. Un alcalde, un juez, un policía, un fiscal, una aduana, una carretera, una licencia, una obra. Así se captura un país: con pequeñas piezas colocadas en lugares estratégicos.

Por eso resulta tan reveladora la dificultad para aprobar una ley contra el lavado de dinero. No estamos ante una simple discusión técnica, ni ante un desacuerdo sobre artículos, incisos y procedimientos. Quizá sea una radiografía de intereses, porque si todos dicen estar contra el crimen organizado, alguien debería explicar quién gana con esa demora.

La pregunta no es si las instituciones, en general, están capturadas, sino por quién, para qué y hasta dónde. Y la más incómoda todavía: si realmente queremos liberarlas o solo esperamos que llegue el turno de “losnuestros” para hacer el relevo en la captura.