La transparencia consiste en explicar con claridad qué se negocia, qué se firma, qué se solicita y qué se acepta, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con seguridad, defensa y soberanía nacional. Y eso es precisamente lo que el gobierno no ha hecho con el de cooperación militar con Estados Unidos.
Todo comenzó cuando The New York Times publicó un reportaje titulado Guatemala acuerda ataques conjuntos con EE. UU. contra el narcotráfico. Bastó comentarlo en radio ConCriterio para que se activaran todas las alarmas y los medios nacionales empezaran a difundir la noticia, particularmente por una frase que no podía pasar desapercibida: “La semana pasada, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares…”. Más adelante añadía: “Guatemala se convertiría en el segundo país de la región que permite la acción militar conjunta contra grupos delictivos dentro de sus fronteras”.
Aquello provocó preocupación, no tanto por el posible contenido del acuerdo, sino porque nadie sabía exactamente qué se había negociado, en qué términos ni con qué alcances. Y ahí comenzó el habitual ejercicio gubernamental de apagar incendios con declaraciones improvisadas.
El ministro de la Defensa salió rápidamente a explicar en radio que “no era así”, que en realidad se trataba de cooperación en inteligencia, armas, medios y apoyo que siempre sería utilizado por fuerzas nacionales. El problema es que, cuando uno revisa la carta publicada y dirigida al Secretario de Defensa de Estados Unidos por el propio ministro, encuentra una expresión bastante específica: “tales operaciones militares combinadas…”. Aquí aparece un detalle que quizás lectores no especializados no percibieron, pero que en el ámbito militar tiene un significado técnico muy concreto. Según los manuales oficiales de operaciones militares nacionales, internacionales y de la OTAN, las operaciones combinadas son aquellas ejecutadas por fuerzas militares de distintos países actuando conjuntamente. No se trata simplemente de “cooperación”, “asesoría” o “intercambio de inteligencia”. El término tiene implicaciones operativas específicas.
Y ese es justamente el problema: la contradicción entre lo que se publica, lo que se firma y lo que después se intenta explicar ante la opinión pública. Porque el gobierno parece más preocupado por administrar la percepción que por informar con claridad.
Conviene dejar claro que esto no es una oposición a un eventual acuerdo con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. De hecho, podría resultar útil. Guatemala enfrenta estructuras criminales transnacionales con capacidades económicas, tecnológicas y logísticas superiores a las del propio Estado.
El punto no es la cooperación. El punto es la opacidad.
Porque resulta paradójico que un gobierno que llegó envuelto en discursos de apertura y transparencia termine manejando asuntos de seguridad nacional con el mismo secretismo y confusión comunicacional de pasadas administraciones. Más aún cuando el propio presidente declaró posteriormente que “existe una solicitud y no un acuerdo con EE. UU. para aumentar cooperación en combate al narcotráfico”. Es decir: sí existe una carta de petición que todavía no es pública y cuyo contenido la ciudadanía desconoce.
Lo más curioso es que probablemente buena parte de la población aceptaría una cooperación más agresiva contra el narcotráfico si se explicara, pero el gobierno parece empeñado en no comunicar estos temas, al igual que otros.
Y así volvemos al viejo problema latinoamericano: gobiernos que hablan permanentemente de transparencia mientras consideran que la transparencia real consiste únicamente en controlar el relato.