Cada cierto tiempo, el país se sumerge en intensos debates en torno a la elección de autoridades: magistrados, jueces, fiscal general, rector de la USAC y otras figuras del sistema institucional. Son discusiones que se anuncian como trascendentales, que ocupan titulares, comentarios en redes sociales y sobremesas, y que siempre prometen ser el punto de inflexión que nunca termina de llegar.
En los años que llevo en este país, que ya son bastantes, he observado una constante: la discusión casi nunca gira en torno a principios, modelos institucionales o reglas del juego, sino alrededor de las personas. Siempre las personas. Que si fulanito resolvió tal caso cuando fue juez y no nos gustó; que si menganito fue señalado por la CICIG o aparece en alguna lista de Estados Unidos; que si zutanito fue financiado por tal grupo o tiene vínculos con otro o aquel que se compró un carro nuevo y lo denuncio por si acaso. El debate se reduce rápidamente a nombres propios, antecedentes parciales y etiquetas morales.
Así, casi de manera automática —y quizá inevitable— se construye en nuestra mente un espacio simbólico para “los otros”: aquellos que se parecen, según nuestro propio criterio, a los que nuestra conciencia rechaza. Y frente a ellos, erigimos la categoría opuesta: los “no corruptos”, “los buenos”, “los míos”, definidos muchas veces sin mayor dilación ni análisis profundo, elevados a la condición de salvadores y preferidos para ocupar cargos que, por su naturaleza, deberían estar blindados frente a personalismos.
Mientras tanto, las instituciones encargadas de los procesos de designación y elección concentran su atención, su esfuerzo y sus recursos en quién ocupará el cargo y cómo rentabilizarlo después y no en el fortalecimiento de la función pública. El puesto se convierte así en un botín anticipado, no en una responsabilidad institucional.
El ejemplo de la Universidad de San Carlos es revelador. Poco o nada se discute sobre enseñanza superior, investigación científica, innovación tecnológica aplicada al aula o producción académica. El debate gira, casi exclusivamente, alrededor del poder: quién vota, quién controla, cómo se alinean las fuerzas. La monopólica universidad estatal, llamada a ser motor de pensamiento crítico, queda atrapada en una lógica facciosa que poco tiene que ver con su razón de ser.
Algo similar ocurre con el “ilustre” Colegio de Abogados y Notarios —y no queda claro si también de carreras afines—, más activo en organizar comidas, fiestas y zarabandas, y en repartir favores, que en promover una discusión seria sobre la reforma de la justicia, los principios de la filosofía jurídica o la necesidad de estructurar una verdadera carrera judicial. Una carrera que sea una aspiración permanente, esté basada en mérito y vocación, y no un título que todo lo abarca y nada transforma. De nuevo, el poder aparece como horizonte último.
La ciudadanía común y corriente, que en general no comprende del todo estos mecanismos complejos, termina subiéndose al carro de la ignorancia y se suma al ruido mayor o al discurso del grupo con el que se siente identificado. Poco importa el análisis, la reflexión o el estudio serio de los candidatos. En este mundo de prisas e inmediatez, se elige emocionalmente un bando y se replica, sin mayor cuestionamiento, el relato correspondiente.
Lo más preocupante es que este ciclo se repite cada cuatro o cinco años y casi siempre desemboca en la misma frustración. Cuando los elegidos no satisface a unos, es porque otros lo impusieron, y viceversa. Sin embargo, ambos bandos —y sobre todo la gran mayoría que queda en medio— descubren, apenas un día después de la toma de posesión, que todo seguirá igual. Es el gatopardismo nacional llevado a su máxima expresión: cambiar algo para que nada cambie.
Quizá ha llegado el momento de preguntarnos si el problema no radica tanto en las personas que elegimos como en la ausencia de principios claros, instituciones sólidas y un concepto de justicia que vaya más allá de nombres propios y coyunturas pasajeras.