El caso de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detenidos por secuestrar a un ciudadano en la zona 15 para obligarlo a retirar dinero de un cajero automático en diciembre de 2021 y revelado la semana pasada por el ministerio de Gobernación, evidencia cómo operan grupos de agentes, sin que la captura de dos signifique la solución del problema. Las propias estadísticas de la Inspectoría General de la institución policial muestran la magnitud.
Gustavo, como prefiere identificarse un joven de 25 años, está consciente de que infringió la ley. Era una noche de marzo de 2021 y fue obligado a buscar un cajero automático para retirar Q600 a cambio de no consignarlo junto a sus dos amigos, con quienes ingirió licor en la vía pública, en horario no autorizado debido a la pandemia.
Su DPI y la licencia de conducir fueron las garantías que dejó a los tres agentes que custodiaban a sus compañeros y lo esperaban a que volviera con el dinero. La sorpresa fue que en la calzada Roosevelt, a pocos metros de llegar al cajero, otros agentes abordo de un autopatrulla de la misma comisaría le hicieron el alto, no llevaba documentos, por lo que le advirtieron que sería consignado a menos que fuera a un cajero para retirar Q400.
«Reconozco que infringí la ley, pero fue clara la coordinación que tuvieron entre ellos: los que me detuvieron primero me quitaron mis papeles para que otros agentes más adelante tuvieran excusa para sacarme más dinero. Tuve que pagar porque no quería ir a la torre de tribunales y manchar mis antecedentes».
Un agente que recibe soborno puede ser sancionado con prisión de cinco a diez años, la pena aumenta si la solicitud la hizo bajo amenazas. También la persona que entrega dinero comete cohecho activo y puede enfrentar los mismos años de prisión y una multa de entre Q50 y Q500 mil.
Entre 2017 y 2018 la PNC recibió mil 544 denuncias en contra de agentes, comisarios, inspectores y oficiales por involucrarse en ilícitos. De 2014 a 2021 se recibieron 931 denuncias en contra de los uniformados por pedir soborno.
Un investigador de Inspectoría General:
«Pero puedo decirle que este año son menos las capturas en comparación de las que hacíamos años atrás, teníamos una estadística de 10 compañeros detenidos por mes y este año la estadística ha bajado a cuatro».
Aun con esa tendencia, está consciente que es un tema de “nunca acabar” y revela que las zonas 16, 15 y 10 capitalinas, durante las restricciones por pandemia eran el “blanco perfecto” para sobornar y cometer secuestros exprés, sus objetivos eran quienes salían de las discotecas y bares en horario de ley seca.
«En zona 10 hubo capturas flagrantes porque se prestaban para recibir cierta cantidad de dinero, porque es un sector donde la gente se concentra para el consumo de bebidas alcohólicas».
En el 2017 fueron destituidos 107 policías y 155 en 2018 por diversos delitos. En 2021 fueron depurados 300, aunque se tomó en cuenta expedientes acumulados de años anteriores. Este año han sido destituidos 50.
Durante la conferencia de prensa por el caso del secuestro exprés en la zona 15, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos reconoció que hay más agentes involucrados en casos similares y son investigados por el MP.
Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación, dice que el problema es que los jóvenes se enlistan en la institución por “necesidad” y no por “vocación”, por lo que deberían pasar por pruebas de polígrafo y estudios socioeconómicos, además deben colocarse cámaras en las patrullas para filmar todos los procedimientos.
«Se debe parar la corrupción y las cuotas que los comisarios les exigen a los agentes».