Es impresionante el poder que los políticos de turno han delegado en el sindicalista Joviel Acevedo, ya por veinte años. Un nefasto personaje enquistado en el sindicato magisterial que ha sido capaz -de ahí su éxito- de negociar sin pudor con los diferentes gobiernos de turno, y hasta contar con oficina en uno de ellos. Dos ministras son las únicas que lo enfrentaron con valentía: María de Carmen Aceña y ahora Anabella Giracca. La primera, le abrió un expediente que, por intervención de Sandra Torres, no prosperó, y seguimos con el personaje manoseando el magisterio, aunque ahora encontró otra horma para su zapato.
Los pactos colectivos de condiciones de trabajo se salieron de contexto. Si usted los lee hay de todo: carros, bonos, computadoras, oficinas, gasolina, y en la USAC, hasta un colegio -el Rey Carlos II-. Todo pagado con dinero público negociado por aquellos que lo entregan graciablemente y quienes que se lo quedan, dejando al margen a los actores importantes: los que pagamos nuestros impuestos. Una suerte de combo de delincuentes que terminan negociando tranquilidad y votos. Un modelo depredador de fondos públicos enquistado en todas y cada una de las instituciones de Estado y que cuesta cientos de millones anuales y negociaciones confidenciales para evitar ser cuestionados.
Es necesario cambiar la legislación para que no siga sucediendo lo que ocurre todos los años. Lo primero es que solamente una parte pequeña del dinero que se incremente a cada institución pueda ser destinada a salarios, el resto a modernización, ampliación, inversión, etc. Lo segundo es que los sindicatos puedan intervenir en negociaciones de condiciones laborales, pero no en la gestión y asignación de puestos, presupuestos, ni muchos menos contar con “liberados”, huevones que no trabajan pero que cobran. En el ministerio de salud -y no es el mayor- hay alrededor de mil de esos vagos públicos. Escarbe usted en las municipalidades, portuarias, organismo judicial, ministerio público, congreso, contraloría…,, y podrá hacerse una idea del volumen de estas mafias institucionalizadas. Han sustituido los méritos por la transacción sindical, y en ciertos organismos tienen el puesto heredable o son los dirigentes sindicales quienes intervienen en el nombramiento de funcionarios.
Muchos de los que ahora protestan contra esos grupos de chantajistas, los mantuvieron en el pasado, precisamente porque hay una cercanía ideológica con ellos. Ahora que padecen las consecuencias son realmente confrontativos -qué es como hay que ser- y denuncian tanto al sindicato magisterial como ese colegio de la USAC que pocas personas conocían. Sin embargo, les queda mucho camino por recorrer, porque en todas partes hay un sindicato que buscar el mayor beneficio económico y diferentes privilegios para sus asociados.
Ese gobierno, que no le ha entrado a la ley de servicio civil, y que sigue contratando a dedo, apenas ha dejado ver la punta del iceberg, y eso porque los citados sindicatos han confrontado a sus políticas, pero hay muchos más grupitos depredadores enquistados e ignorados en su quehacer.
¿Lo que queda por hacer? Entrarle realmente a esos grupos paralelos y aparatos clandestinos de seguridad a quienes organismos internacionales no quisieron porque el tema ideológico internacional pesa y hay toda una estructura que los confrontaría. A fin de cuentas es lo de siempre: quienes presionan consiguen lo que quieren, y el gobierno, que está para garantizar los derechos ciudadanos, termina doblegándose a las masas que les proporcionan votos y le suavizan el camino al poder.
Veremos si de una vez por todas el tema se arregla, al menos, en el sindicato magisterial que ya ha hundido el país por décadas.
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