Sandra Torres tiene el camino libre para continuar con su campaña política para las Elecciones del 2023, una vez liberada del proceso judicial que se siguió bajo sospecha de financiamiento electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido del cual es Secretaria General. Ese panorama reafirma cómo los casos anticorrupción cambiaron de rumbo y el pronóstico es claro: “no sería extraño que ocurriera lo mismo con Manuel Baldizón”, excandidato presidencial, aún señalado en dos casos de corrupción.

Exdirigente del partido Líder, Baldizón salió de una cárcel estadounidense el 7 de junio de 2022 donde cumplió una sentencia de 50 meses después de declararse culpable de lavado de dinero. El sistema judicial estadounidense le liberó 18 meses antes. Al llegar a Guatemala fue arrestado por tener órdenes de captura en los casos llamados Transurbano y Odebrecht.

Su abogado, Saúl Zenteno, dice que no puede opinar sobre el rumbo que tomarán los casos, pero sí afirma que puede participar en política.

Lo que sucede es que aún cuando el TSE abriera la posibilidad, está la Constitución de la República y podría haber un análisis de idoneidad. Lo que sí le puedo adelantar es que, por el principio de presunción de inocencia, sí puede participar. Nada más que, hasta donde tengo entendido, no tiene intenciones de participar, en tanto no solvente su situación legal, para él no es una opción. 

En el caso Transurbano, a Baldizón se le sindica de apropiarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales. Sin embargo, fue beneficiado con arresto domiciliario después de ser ligado a proceso por el delito de  financiamiento electoral ilícito. La jueza Virginia Amparo de León lo benefició al liberarlo de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. El MP apeló la resolución, pero aún no hay respuesta.

Manuel Baldizón podría participar en política por la presunción de inocencia y porque no ha recibido sentencia.

Para la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, si el señalado no tiene una sentencia condenatoria por ninguno de los casos, puede participar en política para cualquier cargo, aunque dependerá de los criterio del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

Es cuestión de criterio, pero también se puede aplicar el artículo 113 constitucional en el que dice que los candidatos tienen que llenar los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Acuérdese que también hay convenios internacionales contra la corrupción, para mí, no se puede inscribir pero como le digo pueden variar los criterios porque para otros, sí puede, pues no tiene sentencia aquí y porque en Estados Unidos ya fue juzgado.

En el caso Odebrecht en el cual se le señala de recibir US$3 millones en coimas por parte de la firma brasileña para la construcción de obras en Guatemala, no se ha definido una fecha para la audiencia de primera declaración. Baldizón ahora busca constituirse como querellante adhesivo y acusar junto con Alejandro Sinibaldi a exfiscales que investigaron el caso. A esto se suma que, a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), fueron anulados los testimonios de dos testigos brasileños que  narraron cómo Baldizón se involucró en actos de corrupción.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci

“Se deja sin efecto los beneficios concedidos a los brasileños por el exfiscal Juan Francisco Sandoval y demás personas que se prestaron para avalar actos impunes”.  

El exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, y líder de los equipos investigadores dice que los fallos reafirman que “los políticos involucrados en actos de corrupción son beneficiados por un sistema de justicia débil y si se cerró el proceso contra Sandra Torres, no sería raro que ocurra lo mismo con Baldizón”.

Hay una serie de ejemplos, está el caso del sobreseimiento en favor de la magistrada Blanca Stalling; el exdiputado Julio Juárez salió en libertad por la muerte de dos periodistas; la jueza Claudette Dominguez conoció uno  casos de plazas fantasmas en el Congreso y recientemente sobreseyó en favor de todos los procesados.

En el caso de Sandra Torres, la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, consideró que no había sustento legal en la investigación del MP. Entre las pruebas que la FECI presentó figuran los testimonios de 92 personas, la mayoría dijo a la fiscalía que Torres tenía «poder» e incluso mostraron su temor por la declaración brindada.