Han pasado tres semanas desde la detención de las abogadas Leily Santizo y Eva Xiomara Sosa, quienes junto a Paola Escobar, Aliss Moran y Lilian Virginia Laparra, antiguas integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), permanecen aisladas e incluso “hacinadas” en una celda de la cárcel Mariscal Zavala y solo tienen una hora para recibir sol, dicen los  defensores de dos de ellas que aún están en proceso de primera declaración. 

El 10 de febrero la abogada Leily Santizo, exmandataria de la Cicig durante 11 años y quien ejercía la defensa de exfiscales de la FECI, es detenida por un caso que según el MP está bajo reserva. 

El día de su captura, Santizo habló al llegar a la Torre de Tribunales:

«Una represalia que toman porque yo he planteado  diversas acciones en defensa de mis representados y la forma de limitarme es hacerme esto. Yo tengo la conciencia tranquila de que todo lo que hago es legal».

Santizo ha denunciado amenazas en la cárcel Mariscal Zavala por parte de personas a quienes acusó en un caso de narcotráfico. Según su defensa esta persona llegó a su celda y le advirtió que su vida corre peligro. Aunque mantienen en reserva el nombre para evitar más problemas. También denunció agresiones verbales del abogado Raúl Falla y de Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo. 

A pesar de que se presentó en cuatro ocasiones al juzgado Tercero de Primera Instancia Penal para ponerse a disposición de la justicia, Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la FECI, fue capturada el 15 de febrero. Aún son desconocidos los hechos por los cuales las acusan, pues el caso está bajo reserva. Cinco días antes de su captura declaró:

«Nunca me he rehusado a la orden de captura, solo espero poder tener acceso a  una audiencia justa y donde no se le esconda a uno nada». 

El caso contra Santizo y Sosa lo conoce el juez Tercero Penal, Geisler Smaille Pérez Domínguez, quien resultó afectado por el llamado caso “Comisiones Paralelas” impulsado por la FECI, cuando estaba bajo dirección de JUan Francisco Sandoval, ahora en el exilio. El juez fue señalado de sostener supuestas reuniones con Gustavo Alejos, procesado en varios casos de corrupción, acusado de negociar votos de diputados para la elección de magistrados. El juez Pérez Dominguez, deberá resolver si las abogadas suguirán en prisión o se les otroga arresto domiciliario. 

La audiencia de primera declaración de ambas abogadas seguirá el proximo lunes, pero avanza a un paso “no deseado” dice el defensor, Alfredo Ortega, pues las audiencias duran dos horas y luego se suspenden.

«A este paso pareciera que la audiencia se prolongará otras semanas más, ojalá el juez nos pueda agendar más horas para escucharlas. El juez dice que se suspenden las audiencias por cuestiones de agenda y una vez fue porque tenía quebrantos de salud, ante eso no podemos hacer mucho».

Santizo ha denunciado ante el sistema penitenciario malos tratos sin obtener una respuesta, por lo que solicitó el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos, dice su defensa. 

En cuanto al lugar donde se encuentran las cinco abogadas, Ortega dice que no son adecuadas, a pesar de que el Sistema Penitenciario les aseguró que se trata de medidas de seguridad por el papel que desempeñaron.

«Nos parece que no tienen suficientes garantías de seguridad, además están hacinadas y todas son mujeres».

En una carta que Eva Xiomara envió a ConCriterio, expresa que estar en una prisión es lo peor que le puede pasar alguien en Guatemala y lamenta que no pudo tener acceso al expediente de su investigación, a la vez que denuncia que la información la ventila en las redes sociales la Fundación Contra el Terrorismo.

Las  auxiliares fiscales Paola Escobar Quiñónez y Aliss Noemí Morán, son sindicadas de abuso de autoridad cuando investigaban el caso Comisiones Paralelas 2020, Lilian Virginia Laparra Rivas, jefe de la FECI en Quetzaltenango, ea señalada de hacer acusaciones falsas en contra de un Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.