El presupuesto 2023 por Q115.4 millardos aprobado la semana pasada con el aval de 115 diputados del Congreso de la República, incluyó Q4.8 millardos en asignaciones especiales para Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lo que significa Q1.7 millardos más que en 2022 y las dudas por este rubro no desaparecen, como en años pasados.

¿Ha dónde irán Q25.9 millones? Se pregunta Danessa Luna, directora de la Asociación de Mujeres Generando (ASOGEN). La propuesta del Ejecutivo incluyó una asignación especial al Ministerio de Gobernación por Q25.9 millones para 17 Centros de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS). Dicha propuesta, especificaba el nombre y el monto asignado a cada una, pero de un plumazo los congresistas eliminaron la lista de beneficiarios, aunque conservaron el presupuesto. Eso genera suspicacias entre quienes habían sido incluidos, señala Luna y cree que los fondos pueden parar a instituciones de reciente creación:

Ya estábamos nombradas, ya habíamos pasado la segunda lectura, se había hablado con algunos diputados y -nos sacan-, entonces creo que hay intereses oscuros detrás de todos esto y el hecho de dejar de nombrar a las ONG, tiene un objetivo: pueden utilizar el dinero como les venga la gana.

Acá puede observarse la propuesta original y la enmienda que eliminó los nombres de las 17 ONG:

Érick Coyoy, analista del Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y exministro de Finanzas, cree que aunque es una facultad del Congreso modificar el presupuesto, hay abuso:

Lo que vemos acá es que cada vez se están metiendo más a los detalles del gasto público y prácticamente son los que están realizando la función de programación del presupuesto, lo que hace el Ejecutivo, se vuelve marginal porque su propuesta es modificada sustancialmente en todos los aspectos. Lo normal en otros países es que el Congreso aprueba o imprueba, pero no modifica y lo que se confirma en este presupuesto 2023 es una orientación clientelar con aportes discrecionales a ONG.

Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, no respondió mensajes ni llamadas de este reportero. Otto Callejas, diputado del bloque TODOS, e integrante de la Comisión afirma muchos congresistas desconocía el trabajo de muchas ONG y por lo tanto se prescindió de incluir listado de nombre en el caso de los CAIMUS:

Adujeron que había ONG, que no se sabía en qué invertían el dinero y entonces se dejó a discusión del pleno. Según el Congresista las entidades deberán presentar de nuevo ante la Comisión y por separado qué trabajo realizan para recibir los fondos: Deben llegar personalmente a solicitarlo, las partidas específicas están, pero hay ciertas dudas de en qué se invierte el dinero.

Entre las ONG que sí permanecen con aportes está la Asociación Civil Mesón del Buen Samaritano a la que se asignó Q5 millones; anteriormente esta ONG figuraba como “Asilo de Ancianos Mi Dulce Refugio”, una entidad vinculada con Manuel Baldizón, excandidato presidencial de LIDER y condenado en EE. UU por lavado de dinero. El mismo aporte -Q5 millones- recibirá la fundación CONGUATE, una organización que brinda apoyo a familiares de migrantes en Guatemala y está ligada al diputado oficialista Carlos Roberto Calderón. La información del trabajo de estas instituciones es invisible y es algo que preocupa al exministro Coyoy: “Al Estar ausente la Contraloría General de Cuentas (CGC), en su papel de fiscalización, no hay quien pueda verificar qué uso tienen esos recursos de las ONG, y los diputados están llevando al limite el papel del la CGC”.

El Comité Permanente Profestejos de Independencia Nacional, recibirá Q900 mil. En su página la entidad sí desglosa la forma cómo ejecutó el mismo presupuesto en 2020 y expone que Q170 mil se usaron para contratar a 8 personas en servicios profesionales 1, con salarios de entre Q15 mil y Q6 mil.  Además, gastó 200 mil en banderas, arreglos florales, playeras entre otras cosas.

Coyoy lamenta la vulnerabilidad en la que se pone al presupuesto con este tipo de asignaciones:

Lo prioritario debe ser fortalecer a las entidades públicas para que no sea necesario que otros actores realicen funciones que le corresponden al sector público.

Las organizaciones se quejan que a esta altura aún no firman convenios y por lo tanto no reciben la asignación 2022.