“No quieren que el Presidente termine su mandato”, se escucha una y otra vez. Incluso de boca de integrantes del gabinete de ministros. Es la amenaza que como una nube densa ensombrece el cielo de no pocos en la administración de Bernardo Arévalo, de su círculo de asesores y del propio Presidente.

Después del fracaso de la declatoria de Estado de Calamidad a manos de los opositores en el Congreso, el consejo de ministros entró a conocer la propupesta de decretar un Estado de Prevención para permitirle al ministerio de Comunicaciones, inhabilitado legalmente para invertir fondos públicos en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, contratar los trabajos necesarios. Pero pudo más el temor. La mayoría se inclinó por descartar la idea.

El riesgo de que el Ministerio Pública persiga a quienes decreten la medida les hizo desistir.

El ministerio de Comunicaciones le apuesta ahora a un acuerdo con la empresa Marhnos, antigua concesionaria de esa autopista, para realizar la reparación cuyo costo se calcula en Q35 millones.

La acechanza de Consuelo Porras y Angel Pineda, su colusión con la Corte Suprema y numerosos jueces, el apoyo irrestricto a cuanto resuelven contra el gobierno, no sólo contra el partido Semilla, de parte de la Corte de Constitucionalidad, alimenta el temor que domina al gobierno.

Y no es un temor infundado. La determinación de quienes hicieron alianza para expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad es muy sólida. Dominan el sistema de justicia y persiguen y condenan a quien se atraviesa en su camino. De ahí que una buena parte del país haya pasado de preguntarse cuánto tardaría el presidente Bernardo Arévalo en deshacerse de la fiscal Consuelo Porras a cuestionar, ¿hasta cuándo le permitirá la Fiscal General al Presidente mantener su cargo? ¿Hasta justo antes de designar a su sucesor al frente del MP? ¿Tendrá el Presidente margen de elección entre algún aspirante distinto a quienes procuran impunidad para la corrupción?

El gobierno de Arévalo supone el mayor desafío, después de la CICIG, al sistema de robo de fondos públicos que ha contado con la amable tolerancia de las elites económicas. Quienes se enriquecen mediante este sistema saben que mantener el control de la justicia es clave para sus propósitos. Por eso, y porque su lucha es impopular como lo demostraron los electores en junio y agosto de 2023, presionan hoy a los decanos de facultades de derecho para asustarlos antes de atreverse a proponer candidatos a magistrados que no sean amigos de la impunidad de los corruptos y la criminalización de quienes los persigan.

Es impensable que ellos mismos permitirán una reforma constitucional para reducir su poder legal de imponer a sus propios cuadros en fiscalías, juzgados y magistraturas.

El temor prevalece. La amenaza de persecución y cárcel o exilio está bien impresa en la mente de muchos actores políticos en Guatemala. Se ha  aceptado como normal que se persiga a quien adversa el sistema. Por eso muchos prefieren abstraerse, como hizo el antiguo decano de derecho de la Universidad Francisco Marroquín.

Y aunque el Presidente pretenda reinterpretar su actitud como cerebral y cautelosa, lo que se percibe es miedo. Y el miedo lo huelen las hienas.