En los últimos 10 años el hacinamiento en las prisiones ha crecido en 300%. Hoy las cárceles resguardan a 25 mil privados de libertad, de los cuales el 50% está en prisión preventiva.

Una nueva iniciativa de ley llegó al Congreso de la República y es de los últimos proyectos que presentará el diputado Leonel Lira, quien no logró su reelección con la bancada Encuentro por Guatemala.

La propuesta del Congresista es una de esas que nadie conoce y cuyo  tema siempre se ha pospuesto: las cárceles del país y sus esclavos del sistema.

El documento propone cambios a la Ley de Régimen Penitenciario en la cual se sustituiría la Dirección, que depende del Ministerio de Gobernación, y se crearía el Instituto del Sistema Penitenciario con un fin:

Lo vuelve un ente autónomo que va a estar supeditado al Ejecutivo. Eso beneficia en que  tendrá independencia en su presupuesto, la permanencia o no de las autoridades y tendrá autonomía para presentar políticas públicas en el manejo penitenciario.

El director del Instituto Penitenciario sería elegido por el Presidente de la República para un período de 5 años.

La nueva ley ordenaría a las autoridades penitenciarias a realizar un  hacer un examen psicológico y médico al privado de libertad a su ingreso a la prisión.

Además, todas las cárceles tendrían un doctor de planta y  servicios de medicina general con equipo para atender a los reclusos. Esto significaría un incremento en el presupuesto de la institución, que actualmente es de Q692 millones:

Ese aspecto de salud la idea es que el instituto elabore su propio presupuesto con sus requerimientos basados en lo que necesitan. Actualmente en la elaboración de los planes no se toma en cuenta a la institución, sino que se hace  a través del Ministerio de Gobernación.

Lira señala que uno de tantos aspectos que no hacen funcional al sistema de prisiones del país son los fondos, ya que al ser una dependencia del de la cartera del Interior, sufre frecuentemente reducciones presupuestarias:

En este gobierno en el  2107 al sistema penitenciario le redujeron Q34 millones d y en 2018, Q151 millones.

Margarita Castillo, exdirectora del Sistema Penitenciario, apela a la autonomía de la institución y por lo tanto cree que es un modelo que puede funcionar. Sin embargo, opina que mientras los políticos y autoridades sigan sin prestarle la atención a las prisiones la situación no cambiara:

El sistema está olvidado por los políticos porque no genera simpatía; si algún candidato a la Presidencia empieza a hablar de reinserción a nadie le va a interesar, quizá cuando dicen que los van a poner a trabajar. Pero se le presta atención solo cuando hay fugas, motines.

En 2016 se aprobó la ley de control telemático, para que prisioneros pudieran dejar la prisión bajo el control de GPS instalado en un brazalete, pero 32 meses después por errores en los procesos de licitación, el ministerio de Gobernación no logra implementar el sistema.

En el Congreso en los últimos dos años se trató de reformar el sistema de prisión preventiva con iniciativas que nacieron desde el Congreso del República y desde el sistema de justicia; pero las iniciativas finalmente  quedaron en las gavetas de los diputados.