Cuatro años después de su creación, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, ha presentado 89 denuncias y dos han conseguido sentencia. Una entidad que recibe Q11 millones al año para el combate de la corrupción, pero ha sido incapaz de evitar a gran escala en el Gobierno. 

Carlos Melgar, experto en temas de transparencia fiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), compara la gestión de la Comisión Presidencial de Giammattei con la extinta Comisión Presidencial de Transparencia (Copret). Esta era una entidad creada durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti cuya finalidad era identificar casos de corrupción y que fue disuelta en 2015. En realidad, esa entidad le servía a Baldetti para castigar a quienes dentro del Gobierno se oponían a ella, pero jamás persiguió corrupción real.

“Han cambiado los nombres y acuerdos gubernativos, pero el pecado de fondo y la razón por la que no funciona este modelo de comisión en Guatemala es la independencia de poderes, su alcance es limitado y no llega a investigar casos que pueda involucrar a funcionarios de altos cargos (…) tenemos muchos casos donde el periodismo de investigación ha revelado y que pareciera que no lo detecto ni la comisión y unidades de auditoría interna y eso demuestra su ineficiencia”.   

El caso más reciente detectado por la prensa es una investigación realizada por la periodista Sofía Menchú, del medio No Ficción, que reveló como un grupo de 5 jugadores de la Sub23 de Softbol abasteció durante un año con insumos sobrevalorados a la Secretaria de Obras Sociales del Presidente (SOSEP). 

El actual comisionado presidencial anticorrupción, Óscar Dávila, explica que su labor no es la persecución penal, es la prevención de la corrupción: “No deberían medir nuestro trabajo en la cantidad de denuncias que se han puesto porque somos un equipo pequeño y la investigación requiere de tiempo (…) nuestro trabajo va hacia la prevención, trabajamos talleres y formación para evitar la corrupción”.  

Aunque no todo el peso recae en la entidad que presenta las denuncias, también quien las persigue. Un informe elaborado por Acción Ciudadana concluye que el Ministerio Público ha optado por «patrón de desestimaciones sistemáticas» en los expedientes de denuncias contra la corrupción y funcionarios público, explica Luis Compa de la Red Nacional de Comisiones de Transparencia: “En los últimos cuatro años, el 79% de las denuncias que ha recibido el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos y la Fiscalía de Delitos contra la impunidad han sido desestimados (…) principalmente aquellas que tienen señalamientos de corrupción” 

A pesar de que durante su campaña, el presidente insistía en el combate hacia la corrupción: “Combatir la maldita y asquerosa corrupción será una prioridad para nosotros. Un gobierno transparente, sujeto a la fiscalización social, con rendición de cuentas, va a ser posible, vamos juntos por Guatemala” En los últimos tres años del gobierno de Alejandro Giammattei, Guatemala ocupa una de las posiciones más bajas en el índice de capacidad para combatir la corrupción (ICC).