Tres procesos de consulta comunitaria ha ordenado la Corte de Constitucionalidad (CC) en los últimos seis años, pero ninguno ha concluido con el aval de todas las partes involucradas. Los proyectos mineros Fénix en El Estor, Izabal, y San Rafael en El Escobal, Santa Rosa, marcan una diferencia en el tiempo de ejecución del proceso de consulta: el primero concluyó en tres meses, mientras que el segundo, lleva 10 meses sin llegar aún a su fin. En Alta Verapaz, el proyecto hidroeléctrico Oxec mantiene el descontento de unas comunidades, a pesar de conseguir acuerdos con otras.
Las protestas de líderes indígenas y gremiales que quedaron fuera de la consulta comunitaria en El Estor, no detuvieron el proceso que culminó en diciembre de 2021 el cual dio aval a la extracción de minerales del proyecto Fénix, propiedad de la compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El director general de CGN, Humberto Matheus, explicó que deben completar un proceso administrativo y estiman que reactivarán las operaciones de extracción este mes.
La preconsulta y consulta comunitaria en El Estor se efectuó entre septiembre y diciembre de 2021. Tres meses bastaron para que todo volviera a la normalidad y quedará como un mal recuerdo los enfrentamientos entre pobladores que no fueron incluidos y la Policía Nacional Civil (PNC) que condujeron a un estado de Sitio seguido por uno de Prevención para retomar el control del área.
La PNC reportó 73 capturas durante el estado de Sitio. Jorgue Aguilar, vocero policial:
«En el estado de Prevención ya no hubo capturas, más que todo solo fue presencia e incluso se redujo la fuerza policial en el lugar».
De los 73 detenidos, ninguno fue vinculado al bloqueo de la carretera ni a las agresiones en contra de la PNC, puesto que se trataba de personas con órdenes de captura antiguas por tenencia ilegal de arma de fuego hechiza o artesanal, tráfico comercio y almacenamiento ilícito, usurpación de estado civil, deserción, amenazas de muerte, violencia contra la mujer entre otros.
El Ministerio Público reportó 59 allanamientos durante el estado de Sitio, en los cuales fueron detenidas 6 personas, aunque ninguno vinculado a los disturbios.
Sin acuerdos
En el caso del pueblo Xinca, inconformes con el funcionamiento del proyecto el Escobal, Santa Rosa, lograron que en septiembre de 2018 mediante un fallo de la CC, el Gobierno convocara a una consulta comunitaria, la cual comenzó en mayo de 2021 y después de cinco reuniones entre las partes involucradas -la más reciente el 23 de febrero de este año- y el proceso aún no concluye.
Quelvin Jiménez, asesor legal del parlamento Xinca, dice que todo se ha retrasado porque el Gobierno no quería incluir a todos los representantes y debieron llegar a un acuerdo, de lo contrario no continuaría el diálogo.
Ahora el problema es que el MEM no aprueba los asesores propuestos por las comunidades indígenas para interpretar los estudios de impacto ambiental que les proporcionó el gobierno.
«Como los asesores son extranjeros, la Constitución dice que hay que demostrar que en Guatemala no existen esos perfiles de asesor para contratarlos y el ministerio de Energía y Minas no podría pagarlos, se están buscando los recursos a través de la cooperación internacional y hasta que no se haga eso no se puede avanzar».
Entre los perfiles propuestos se encuentra un Ingeniero Químico con doctorado en Pedología (experto en estudio de suelos) y un geólogo con maestría en Geotécnia.
Dos consultas
En los años 2013 y 2015, el MEM emitió los acuerdos ministeriales con los que autorizó de manera definitiva la Central Generadora Hidroeléctrica Oxec y Oxec II sobre los Ríos Oxec y Cahabón, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, sin consultar a las comunidades. En 2017 los pobladores por cuenta propia efectuaron una consulta comunitaria, pero el problema no se ha solucionado, dice Jaime Choc, líder indígena de Santa María Cahabón y recuerda que en la consulta participaron 195 comunidades y hubo 26 mil votos en contra (39% de la población de 70 mil ) y 11 votos a favor.
«El proyecto Oxec nos está afectando bastante, porque se están secando los ríos, siempre estamos en la lucha con la resistencia, llevamos años luchando porque la hidroeléctrica está funcionando».
El MEM rechazó ese procedimiento y ese mismo año efectuó su propia consulta, que solo incluyó a las 11 aldeas del área de influencia por lo que la empresa sigue en funcionamiento después de alcanzar acuerdos con los pobladores.
El MEM indicó que había confusión en la forma de aplicación de la consulta, que no se trató de decir un sí o un no para que opere o no se autorice un proyecto, sino de llegar a acuerdos entre las comunidades.