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El gobierno del presidente Bernado Arévalo denunció la semana pasada a Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, por el uso de recursos del Estado para perseguir a los antiguos fiscales Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. El Procurador General de la Nación en tiempos de Alejandro Giammatei, Jorge Luis Donado solicitó en 2021 Q5.1 millones para investigar y perseguir legalmente a los exfiscales. Donado dijo el viernes en entrevista a ConCriterio que la contratación no se efectuó. Sin embargo, no negó los hechos que se pretendían, los cuales constan en el expediente de denuncia del gobierno de Bernardo Arévalo.
Juan Francisco Sandoval sostiene que el gobierno de Giammattei, buscó los mecanismos:
“Aprovecharon los procesos de arbitraje en los que el Estado intervino y parte del presupuesto que erogaron lo maquillaron y legitimaron la posibilidad de que se usaran recursos en nuestra contra”.
Ángel Pineda, en una entrevista con Canal Antigua, respondió: hay un bufete extranjero que sí se comunica con el MP, pero estaba ejerciendo la defensa dentro de un arbitraje y no tiene nada que ver con el oficio que nosotros hacemos llegar al señor presidente.
Daniel Pulecio-Boek y su firma internacional Greenberg Trauring, fue el designado para acusar a los exfiscales en Estados Unidos. Su bufete de abogados llevó a Guatemala en 2021 un paquete de arbitraje que le garantizó US$1.4 millones en contratos con el gobierno. En 2023, el Ministerio de Economía lo contrató por Q1.1 millones, se sospecha que acá se aprovechó para diligenciar la investigación contra Aldana y Sandoval. ConCriteiro llamó sin éxito a Jannio Rosales, exministro a cargo del despacho cuando se llevó la contratación de este arbitraje. La firma Pulecio-Boek, también representó a Érick Archila, exministro de Energía y Minas, sancionado por EE.UU. y acusado de grave corrupción en Guatemala en tiempos de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
ConCriterio tuvo acceso a las comunicaciones constantes que mantuvieron desde noviembre 2021, Ángel Pineda, Consuelo Porras, Fiscal General y el expresidente Alejandro Giammattei, en el preámbulo para contratar Daniel Pulecio-Boek
La ira la despertaron 60 publicaciones en Twitter: 43 que correspondieron a Aldana, 4 a Sandoval y el resto fueron reposteos o publicaciones de terceros con base a entrevistas del exjefe de la FECI.
Cuatro fueron las razones principales que motivaron la contratación de un bufete internacional:
- Se infiere que temen que haya expedientes con información que pueda incriminarlos, en varias veces se repite, que los documentos deben ser recuperados. Esa es la principal tarea del Pulecio-Boek:
Giammattei a través comunicaciones de la Procuraduría de General de la nación expone:
“Es necesario que se accione en la jurisdicción en donde se encuentran… a efecto de verificar la sustracción de información sensible de expedientes propios del MP, ya que la verificación o desestimación de la misma a partir de una investigación objetiva garantizará el cumplimiento de los fines del proceso penal de acuerdo a las leyes guatemaltecas”.
Reiteran:
“La PGN ha tenido acercamiento con el bufete Greenberg Traurig “quienes han presentado una estrategia procesal que permita la defensa de los intereses del Estado de Guatemala en el extranjero. Y ha sugerido la búsqueda de evidencia y un proceso civil para la recuperación de archivos y expedientes retirados a las autoridades públicas”.
Juan Francisco Sandoval: “Aquí no es que se preocupen porque yo tenga o no documentos, sino por de que han utilizado la institución para realizar acciones ilícitas desde la obstrucción de las investigaciones”.
Existe una copia de cada uno de los 60 tuits de Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval. En alguno Aldana, escribe:
- “Consuelo Porras, sigue desmantelando al MP, y continúa con su plan perverso a favor de la mafia. Ahora trata de destruir la Fiscalía de Derechos Humanos.
- “¿Cómo opera Consuelo Porras, cuando quiere hacer daño? Se escuda en dictámenes manipulados de la Contraloría, así funciona la justicia cuando está capturada.
Y, Juan Francisco Sandoval escribió:
- “Jamás pensé que un funcionario público sería tan irrespetado con los subalternos y menos aún con los diplomáticos. Hoy lo vi, pal recuerdo”.
En 2021 Porras y Pineda fueron incluidos en la lista Engle, de actores corruptos y antidemocráticos, de Estados Unidos, en febrero de este año también la Unión Europea les impuso sanciones. Y es acá donde se encuentra el segundo punto:
En una carta enviada el 16 de noviembre por Pineda al expresidente Giammattei expone las acciones de Estados Unidos en contra de funcionarios guatemaltecos
- “ha significado un recorte financiero…
- “…y aún más grave el desprestigio y la honorabilidad de funcionarios…”
Pineda también se queja que la FECI violentó el debido proceso en Guatemala. El secretario del MP, también dijo que los hechos son constitutivos de posible delito y solicitó al mandatario ejercer la defensa internacional en contra de las acciones de “propaganda sistemática que han venido en afectación del sistema de justicia”.
- Aunque en las comunicaciones a las que este reportero tuvo acceso no se detalla el tema de las visas, una fuente afirmó que otro de los motivos para contratar al abogado fue la recuperación de las visas, que les fueron retiradas por las sanciones de los Estados Unidos.
En un oficio Porras escribió a Giammattei que deben realizar un análisis de las acciones que se proponen por parte de los abogados internacionalistas a efecto de confirmar o modificar la estrategia de litigio y si la misma satisface todas la óbices…”.
Sandoval: “lo que se advierte es que hay una coordinación del Estado, para perseguir actores incomodos”.
La cifra para el pago de los abogados se estimó en Q5.5 millones para cubrir la estrategia de enero a diciembre de 2022. ConCriterio quiso indagar sobre los fondos y llamó a Álvaro González Ricci, exministro de finanzas pero no respondió.