En citación en el Congreso el pasado 26 de octubre, el exdirector de la Dirección General de Caminos (DGC), Fredy Chojolán, dijo que desconocía a dónde fueron transferidos Q135 millones asignados a su dependencia e incluso denunció la supuesta falsificación de su firma para ejecutar dichas transferencias. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en conferencia de prensa, explicó que los fondos fueron reasignados a otras partidas: 28 proyectos en concreto.

Una rápida revisión de los destinatarios del reajuste revela que las empresas y representantes están relacionados con exfuncionarios. Los favoritos de siempre e incluso vinculados a un caso de corrupción.

David Gaitán, exinvestigador de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien se enfocó en los casos Construcción y Corrupción, explica:

 “Es normal que en cada Gobierno existan gestiones para pagar la deuda y muchas veces se suele pensar que como no es adjudicación, no hay corrupción. En el caso de Construcción y Corrupción descubrimos que el criterio de priorización era  quien pagara el porcentaje de coimas. Tenían una carpeta con la deuda de cada una de las empresas, los citaban y quien se apuntará a pagar, entonces, un porcentaje de esa deuda iba a parara en manos de los funcionarios corruptos.”

La reasignación de los Q135 millones será utilizado en su mayoría para pagar obra realizada:  solo 6 de los proyectos fueron adjudicaciones de 2020.

Entre los destinatarios se encuentra Francisco Alejandro Córdova Molina, representante legal de Constructora y Transportes San Francisco y hermano del exdiputado Édgar Tomás Córdova Molina del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, el partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia. A dicha empresa se le asignaron Q12.6 millones.

Gaitán agrega:

  “Son las mismas empresas las que salen beneficiadas siempre con pagos de deuda de arrastre, usted me mencionaba a los Córdova. Son todas estas empresas que se convierten en las favoritas de cada gestión gubernamental.”

Una investigación de ConCriterio reveló a los 6 contratistas más favorecidos por el exministro, ahora prófugo de la justicia, José Luis Benito. Entre 2018 y 2019, cada empresa recibió más de Q150 millones en adjudicaciones. Y 4 serán ahora beneficiadas por el reajuste de Caminos con pagos desde Q1 millón hasta los Q13.2 millones.

Otro proyecto beneficiado: el mejoramiento de un camino rural en Sololá. La empresa V&T S.A. ganó la adjudicación en agosto de 2020 y Caminos le asignó un pago de Q100 mil por trabajo realizado.

Pedro Vásquez, vicealcalde Indígena de Sololá, cuenta:

“Esa carretera está en malas condiciones, parece terracería, entonces llegó Allan Rodríguez y prácticamente puso la primera piedra para empezar a asfaltar lo que va de Los Ecuentros a Pixabaj. Ahora están en ejecución, tiene como una semana de haber empezado.”

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, señala por qué es pernicioso que la asignación de obras se realicé según diputados:

“Descubrieron que ese era el bolson más importante para financiar una campaña electoral. Los gobiernos que entran, como este, lo que hacen en primer año es pagar estas obras de arrastre de anteriores gobiernos, las obras involucran las campañas de candidatos a diputados o actuales diputados.”

Otros contructores beneficiados:

• 1 millones para Opción Técnica. Su representante legal está vinculado al caso de corrupción, Asalto al Ministerio de Salud;
• y Q5 millones para Farex S.A. Otra empresa del representante legal, Julio César Morales Marín, fue denunciada por sobrevaloración de Q1.2 millones en el pago de láminas.

La experiencia en Cicig de Gaitán apunta a jerarquías de corrupción en el ministerio:

“Se comprobó que cada uno de los jefes de las unidades y los viceministros trasladaban sus listas de pagos con quiénes ya habían negociado para que se diera la comisión referente al soborno y era finalmente el ministro quién decidía a quién se les pagaba.”