El abultado presupuesto de Q115 millardos para 2023 no deja de sorprender. Édgar Balsells, investigador del área socioeconómica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) y exvicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS):
“Yo lo que veo es que tenían una gran cantidad de dinero adicional y lo repartieron entre oenegés, municipalidades, CODEDES, sector justicia y la Contraloría General de Cuentas (CGC)”.
La entrega de dinero a manos llenas no escapa de la suspicacia: como bien apuntó Balsells, hubo dinero extra para la Contraloría General: Q181 millones extraordinarios que los diputados justificaron “para pago de prestaciones y retiro voluntario”. Pero Érick Coyoy, exministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), tiene su propia interpretación:
Seguramente lo que vemos es para cubrir los costos de las negociaciones para la elección del Contralor, lo que vemos es un rubro extraordinario sin justificación y al margen de la ley, pero amparado en este oscurantismo que prevaleció en la aprobación del presupuesto.
El aporte institucional fue de Q430.2 millones más uno extraordinario de Q131 millones sin especificación. A última hora hubo una suma adicional de Q181 millones para prestaciones y retiro voluntario. Coyoy señala que es un aporte ilegal:
El mayor colmo de este presupuesto: el extraordinario a la Contraloría para cubrir indemnizaciones y eso es una anomalía total porque todas las instituciones autónomas, por ley, deben hacer las previsiones para cubrir sus pasivos laborales, pues como no las cubre el Plan de Prestaciones del Estado deben hacer su propia previsión.
El departamento financiero de la CGC, a través de comunicación social, respondió que la gestión de los Q181 millones lo hizo la anterior administración, pues hay unos 70 auditores de avanzada edad y personal que ya cumplió hasta 35 años de laborar y se promoverá el retiro voluntario para dar espacio a otros profesionales de la institución.
Este reportero llamó y escribió a José Fernández, excontralor, también a José Ramírez Crispín, exsubcontralor saliente, pero no respondieron. Oto Callejas, diputado de TODOS e integrante de la Comisión de Finanzas, dijo:
Fíjese que ahí se tiene un gran problema, porque se les autoriza para pago de personal, no así para prestaciones laborales. Ahora hubo un requerimiento de la Contraloría, no solo para prestaciones laborales, sino para modernización de sistemas: cómputos y ampliación de subsedes que representa gastos extra.
El exministro Coyoy añade a la duda:
Es como cuando desfalcaron al Instituto de Previsión Militar (IPM) y el Ejecutivo tuvo que darles fondos extra para cubrir las pensiones de los militares. Es lo mismo que estamos viendo acá: como que hubieran desfalcado el Fondo de Pensiones de la Contraloría y pareciera que se necesita dinero extra. Quizá no lo han hecho, pero no hay necesidad de estos fondos, sino es una forma de desviar recursos.
Frank Bode, Contralor General, felicitado por diputados el día de su juramentación.
Una semana antes de aprobarse el presupuesto 2023 fue elegido con 148 de 160 votos Frank Bode, como nuevo Contralor General. El diputado Mario Taracena leyó aquel apoyo total como que “nadie se quiere pelear con el nuevo Contralor”, porque es la institución que entregará los finiquitos para los candidatos en las próximas elecciones.
Balsells aporta otros datos interesantes: la asignación de la Contraloría la veo irracional porque tiene una cuota especial muy alta comparada con diferentes entidades: por ejemplo, el IGSS le paga Q40 millones anuales como cuota de inspección; el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) le paga otra cantidad. Y lo que yo he visto en la institución es una extrema burocratización: hay sueldos muy altos, una gran cantidad de jefaturas, directores y subdirectores.
Para la elección de Bode solo 7 diputados de cuatro partidos de oposición votaron en contra.