Tres años después de que Alejandro Giammattei asumió como Presidente de Guatemala, un grupo de militares retirados consiguieron el cumplimiento de una promesa de campaña electoral.  El logro se alcanzó después de bloqueos de caminos, protestas e incluso disturbios violentos: el Congreso de la República con 81  votos a favor  aprobó ayer una ley que estipula pagar Q36 mil como  indemnización por haber presentado servicio militar durante el conflicto armado interno a cambio de trabajos agrícolas. Aunque no todos están de acuerdo y amenazan con más violencia.

“¿Qué se pueden comprar con Q36 mil? Si Q1 mil no alcanzan para la canasta básica. Se tendrán que hacer grandes colas cada mes por esos mil”, reclama el sargento retirado Francisco Gonzáles.

Las asociaciones de veteranos de guerra están divididas. Hay un grupo que acepta  los Q36 mil y otro que exige los Q120 mil. Estos últimos amenazan con subir de tono sus exigencias. Jorge Vega, representante de la Asociación Integral de Desarrollo Local de Veteranos Militares de Tropa del Ejército de Guatemala (Adivemtregua), lo declaró al diario digital La Hora. 

«Si se aprueba la 6073 van a haber problemas serios en Guatemala y culpamos o responsabilizamos al presidente Alejandro Giammattei, a la presidenta del Congreso y a los diputados que voten a favor de ese proyecto, porque el veterano se va levantar violentamente y los líderes no vamos a poder hacer nada».

Por otra parte, están quienes sí están de acuerdo con recibir Q36 mil. El coronel retirado René de León, integrante de Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, afirma que quienes presionan por los Q120 mil forman parte de una estrategia política para dividirlos.

«Los veteranos son 90 mil, en esas asociaciones hay 3 mil o 5 mil. Yo no estoy de acuerdo con lo que se va pagar pero tampoco en desacuerdo porque al final se va recibir una pequeña parte».

Para Hilario Flores, presidente de la Junta Nacional de Veteranos, “se logró una victoria” y afirma  que son 87 mil militares retirados de los 22 departamentos los que se beneficiarán.

El 19 de octubre de 2021 un grupo de militares retirados incendió vehículos en el parqueo del Congreso.

¿Cuánto costará esa indemnización?

El diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) Walter Félix López, dice que la bancada votó en contra porque dicha indemnización solo “traerá confrontación” entre las asociaciones, al argumentar que no  fueron tomados en cuenta quienes protestaron afuera del palacio legislativo.”

«Son Q9 mil millones los que se van a gastar y que van a salir de los impuestos. Aunque no se van a dar cantidades en un solo pago, durante tres años, todos los meses van a cobrar por participar en programas ambientales de los que no se sabe cómo van a funcionar».

 Sergio David Arana Roca, diputado por el partido Vamos.

«Yo voté a favor porque la gente necesita su indemnización, así como la guerrilla tuvo su indemnización ¿por qué no el ejército?. Lo único que hay que probar es que la gente sí participó, por eso se pide la certificación en el ministerio de la Defensa ¿cuántos son los que van a recibir este beneficio? uffa, no, no lo sé».

No existe ni ha existido en el país indemnización para integrantes de las fuerzas rebeldes. Como parte de los acuerdos de paz sí fue creado un Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) para ofrecer reparación individual y colectiva a las víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

De 2005 a 2019 se destinaron Q773 millones millones para resarcir a 32 mil 600 personas en resarcimiento económico, restitución de vivienda y proyectos productivos, según publicaciones del PNR y Organizaciones no Gubernamentales.

Hace un año, el 19 de octubre de 2021, los alrededores y el interior del Congreso en la zona 1 vivieron un verdadero caos cuando los militares retirados ingresaron y quemaron vehículos e instalaciones. Su molestia: el estancamiento de la iniciativa 5664 que estipulaba un pago de Q120 mil para cada uno. 

A raíz de esos hechos Ernesto Martínez Agustín y Juan Parachico Sánchez, de 47 y 50 años respectivamente, fueron detenidos. El MP acusó a ambos de terrorismo. Los señalados fueron beneficiados con arresto domiciliario y están a la espera de que el juez decida si serán enviados a juicio.