Poco afortunada y tibia fue la decisión inicial del Presidente Bernardo Arévalo de mantener en su puesto a la ministra de ambiente y recursos naturales: “Le indique que bajo ninguna circunstancia esto puede volver a pasar”, comentó en redes sociales. Apenas un par de días después, la Vicepresidenta hizo declaraciones en las que dejaba claro que no estaba de acuerdo con aquello, al igual que el diputado Cristian Álvarez, que citó a la ministra al Congreso. El posible delito que cometió -debieron de pensar estos dos últimos- no se debía de silenciar porque además del costo político se podían generar consecuencias legales no deseadas. Así que al Presidente no le quedó de otra que cambiar su decisión y destituir a la ministra, algo que fue aplaudido por quienes perdonan todo a SEMILLA, y mucho más racionalmente digerido por aquellos que ven improvisación e insuficiente liderazgo en el mandatario.
Todavía no había pasado el efecto letargo (aquello fue el domingo), cuando el martes ocurrió otro hecho similar. El gobierno comunicó -siempre por redes que parecen son ahora el Diario Oficial- que se cesaba el recién nombrado -dos semana atrás- gobernador del Quiché. Los hinchas gubernamentales aplaudieron el hecho de esa decisión que “realzaba el compromiso del gobierno contra la corrupción”. Apenas dos horas después, la noticia ya quedaba desactualizada porque otra proclama en redes sociales -insisto, nuevo medio de conocer las decisiones gubernamentales- decía que: “Hace unos minutos se informó una decisión con relación al gobernador de Quiché que no ha sido confirmada por la Presidencia de la República” ¿Quién y por qué publicó una noticia de ese calibre si no había sido confirmada por la presidencia? La respuesta es evidente y solamente conduce a dos hipótesis: el Presidente se desdijo o quien la publicó debería ser despedido porque transmite alegremente cosas que no son verdad, y honestamente me inclino por la primera que tiene más lógica que la otra.
“Orden más contraorden, desorden” dice un aforismo militar que invita, precisamente, a que las decisiones se mediten, analicen, ponderen y cuando se toman se lleven hasta sus últimas consecuencias, y no porque no se puedan cambiar sino porque al haber sido analizadas en profundidad, y sin que las circunstancias cambien, no hay razón para desdecirse sobre lo que previamente se ha reflexionado. No es, sin embargo, lo que ocurre en el gobierno, y eso genera desconfianza y sensación de improvisación, porque aquel que decide lo hace sin el sustento racional y moral necesario, ya que “minutos después” toma un rumbo opuesto al que inicialmente consideró. Tanto que se habla ahora -con razón- de la honorabilidad constitucional para ocupar cargo, mientras se ignora, y creo que también hay que reflexionar, sobre otra condición que aparece unida a la primera: la idoneidad, cuyos sinónimos recoge el diccionario: aptitud, conveniencia, competencia.
Me parece, y es pura suposición, que el Presidente está rodeado de un grupo -una rosca le han denominado tradicionalmente- de personajes que deben de matricularse urgentemente en un curso básico de toma de decisiones en ambiente de certidumbre -las de incertidumbre para otro día- y el Presidente adoptar un proceso coherente para decidir, en el que consulte, siempre, a su Vicepresidenta y a aquellos que considere. Una vez tomada la decisión -insisto, meditada y pensada- sostenerla y defender esos principios que le llevaron a la opción que presenta, y el resto del gabinete -particularmente la vice- defenderla con la vehemencia propia de quienes la han analizado previamente.
Cuando se cambia a esa velocidad y con frecuencia, la compañera de fórmula discrepa pública y abiertamente -señal de que no hubo puesta en común- o la vocería traslada a redes cuestiones que no son verdad, el ciudadano termina por desconfiar y dejar de ver al líder que respetaba por su honestidad, capacidad y firmeza, porque muestra debilidades propias de quien no sabe o puede dirigir un país.
¡Así no vamos a ninguna parte!, y siempre mi crítica pretende ser constructiva.