La magistrada Blanca Alfaro asumirá el 26 de octubre la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su mandato incluye coordinar las reformas a la Ley Electoral y Partidos Políticos (LEPP) las cuales deben recopilarse a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME). Organizaciones sociales, políticas y las propias instituciones participan en las propuestas.
La propia Alfaro adelantó el martes sus ideas que el pleno evaluará la próxima semana. Todas están por los hechos convulsos del 2023.
Por ejemplo, crear un juzgado dentro del TSE que dilucide todo asunto electoral. Alfaro:
Lo hemos visto en Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica; ahora estamos empeñados en que sea una discusión. Dentro de ese juzgado de pertinencia electoral –porque ya tenemos una fiscalía especializada– se podría ver favorecido el sistema, porque serían expertos en los sistemas democráticos y asuntos electorales.
En el punto más crítico de las elecciones de este año, observadores nacionales e internacionales señalaron un despropósito que la Fiscalía Especial del Ministrio Público (MP), bajo la ley de delincuencia organizada, solicitara y consiguiera una orden judicial para cancelar al Movimiento Semilla, ganador de las elecciones presidenciales.
César Romano, representante de la Unidad Nacional de la Esperanza: el órgano electoral es un administrativo de las elecciones, pero no impone sanciones penales si se comete un delito; lo que hace sancionar pecuniariamente a los infractores, pero en un Estado no puede estar aislado de las demás normas.
Romano prefiere hablar de la herramienta para contar los votos: lo que hay que ver es que sea un sistema informático propio del TSE, recordemos que la empresa que se contrató tuvo problemas en Bolivia en 2019 y ahí se tuvieron que repetir las elecciones. La UNE y VALOR denunciaron supuestas anomalías en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y el MP allanó la sede informática del TSE.
Alfaro también propone dividir la elección presidencial, las diputaciones y municipales, como antes de 1985. Nosotros consideramos que ahora la polarización ha llegado a tal magnitud que complica el poder local con 340 alcaldes, como mínimo llevan 12 personas por cada organización. Si descargamos esta elección, vamos a ver menos conflictividad social.
Magistrados del TSE, en reunión con los representantes de los partidos políticos.
Héctor Aldana, fiscal nacional de VAMOS, prefiere hablar de reglas claras sobre la idoneidad:
Que se deje muy claro ¿se va a permitir participar a alguien con proceso penal? ¿alguien que solo está en investigación? ¿alguien que ya cumplió condena? ¿sí o no? para que no haya ambigüedad.
En 2023 mientras a candidatos les fue permitido participar, incluso con procesos de extradición, el binomio del Movimiento Liberador de los Pueblos (MLP) fue cancelado por falta de finiquito del vicepresidenciable. La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE) señaló que la aplicación de la ley no fue homogénea.
Semilla aboga por el tema de reconteo de votos. Andrea Reyes, diputada electa:
No es algo que debería ser universal, sino bajo determinados criterios, cuando se duda realmente de la elección, como pasó con la elección municipal de la capital, que fue muy cerrada.
Alfaro toca la obligación de partidos políticos de proponer nuevos candidatos si el voto nulo gana, pero no cambia el techo de 50% más un voto para hacerlo válido; también aborda la necesidad de reducir el tiempo de transición presidencial:
Eso ha complicado la gobernabilidad, porque tenemos en seis meses dos presidentes; uno en posesión y otro electo.
Y aunque el Congreso no avaló el formato de elegir diputados por listados abiertos Elmer Palencia, fiscal de VALOR apuesta a un nuevo intento: Si uno le pregunta a cualquier persona en la calle no saben por quiénes votaron.
Las reformas electorales luego del proceso 2019 fracasaron; en 2016, de los 85 artículos que incluyó el TSE, con la discusión de distintos sectores sociales; de estas fueron aprobados 63, con el apoyo de 109 diputados.