Pocos recordarán aquel 17 de febrero de 2017 cuando en una abarrotería de la zona 9 fue detenida la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila: una peluca roja y lentes oscuros fueron su disfraz para evadir a los policías que iban a capturarla. Seis años más tarde y, después de salir libre en un proceso por tratar de persuadir a un juez, nadie en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se atreve a hablar de su reinstalación como magistrada. Aunque hay jueces, exjueces y abogados que opinan que no es “ético ni constitucional” que ella haya reasumido. 

En el Organismo Judicial (OJ) y Torre de Tribunales tanto personal administrativo y abogados abordados prefieren no referirse al tema, al argumentar que desconocen el contexto del proceso.

Uno de los principales protagonistas del caso es el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, a quien la magistrada intentó persuadir para favorecer a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, sindicados en el caso IGSS-Pisa. 

Ruano Pineda desconoce las opiniones del personal que labora en la Corte Suprema y si hay división en el pleno de magistrados a raíz de que 4 de 13, votaron en contra para reinstalar a Stalling. No obstante, afirma que hay un “mal mensaje”.

«La ciudadanía merece tener confianza en quienes administramos justicia porque se fortalecería el Estado de Derecho; pero por el contrario, hay desconfianza hacia quienes la administramos. Los plazos que establece la Constitución son institucionales y no personales. Ella no podía alegar su reincorporación en un plazo que la ley ya no le otorga porque la Constitución es clara y dice 5 años, ella se está incorporando a ocho años de haber tomado posesión».

La investigación de Stalling estuvo a cargo de la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual presentó como pruebas los audios grabados por Ruano Pineda, evidencia central de cómo la magistrada intentó convencerlo. 

En el audio que en su momento presentó la Fiscalía Especial Contra Impunidad (Feci) se escucha a la magistrada Stalling decir:

«Entonces yo si le pido lic, y si en sus manos está, y en los otros jueces, en las manos de ustedes está la posibilidad de una medida sustitutiva, como le digo, no se va a ir pues no tiene pasaporte, no tiene pasaporte vigente no tiene visa, perdió su trabajo en la Contraloría. El ya no estaba en el IGSS, estaba en la Contraloría de Cuentas, de jefe, de subdirector del área de verificación de inversiones en las Municipalidades y todo eso, entonces perdió su trabajo, su hijo creciendo sin papá, tiene un año y meses, entonces, desde luego, si está en sus posibilidades adelante el proceso pues».

El juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, dictó sobreseimiento en el caso el 29 de junio al sustentar que no existían  elementos de prueba testimonial valederos y la grabación no era medio suficiente para acreditar la posible comisión de los hechos ilícitos. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) no impugnó esa resolución.

La magistrada al momento de ser trasladada a la Torre de Tribunales previo a que se le otorgara arresto domiciliar.

El 14 de septiembre el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó reinstalar a Stalling. Según el diario La Hora los magistrados María Eugenia Morales, Delia Dávila Salazar, Nery Medina Méndez y Freedyn Waldemar Fernández votaron en contra de su reinstalación. Con Criterio intentó obtener su postura, pero no atendieron llamadas telefónicas ni mensajes de texto.

“Solo el hecho de que los magistrados estén fuera de su periodo en funciones, pone en cuestión si su función es legítima”, dice Andy Javalois, catedrático universitario en derecho y consultor en temas jurídicos, quien asegura que las normas de comportamiento ético del OJ no permiten una reinstalación en cualquier puesto.

«Hay claridad en que la señora ha incumplido esas normas, prácticamente la están premiando por comportarse con faltas a la ética. La ética es la esencia de la honorabilidad, una condición para que sea magistrada, ella debería renunciar».

En esto coincide Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Colegio de Abogados, pues aunque asegura que “Stalling recuperó sus derechos con la resolución del juez y es formalmente legal que retome su cargo”, no es legítimo como “tampoco” el de todos los magistrados por haber cumplido su periodo. Otros exmagistrados como el expresidente de la CSJ, Hugo Maul Figueroa prefirieron no opinar al asegurar «que ya no les corresponde».

Un informe de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial (OJ) y Auditoría Interna resolvió que a la magistrada cesada del cargo Blanca Stalling se le deben pagar Q5.7 millones en salarios y prestaciones, pese a que no labora desde 2017.