La mayoría de casos que conoció la jueza Erika Aifán tienen un denominador común: la corrupción. Ahora deberán ser resueltos por quien le suceda en el cargo después de su renuncia el pasado lunes. La jueza o juez deberá ser designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y para expertos jurídicos, este nombramiento debe basarse en criterios de honorabilidad y experiencia para que no se atrasen o se pierdan al menos 10 casos que involucran a empresarios, funcionarios y exfuncionarios en corrupción de impacto.

Entre los proceso que estaban en la mesa de Aifán están: corrupción en la construcción de obra pública; influencias en la conformación de las altas cortes; creación de plazas fantasma y obras de infraestructura no validadas en el ministerio de Salud; procesos de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito; Los Huistas; filtración de información del despacho de Consuelo Porras; lavado de dinero del exministro José Luis Benito por Q122 millones localizados en Antigua Guatemala y el más reciente y polémico: la declaración de un testigo que afirma que el presidente  Alejandro Giammattei recibió financiamiento de campaña proveniente de sobornos en la construcción de obra pública.

Desde su exilio en Washington D.C., Aifán explica que ahora queda en manos de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil velar porque quien la sustituya sea imparcial y cuente con la suficiente experiencia, pues de eso dependerá que los casos avancen o se atrasen.

«Primero dependerá del tiempo en que se lleve la corte para designar a la jueza o juez; después ya será parte del trabajo del designado y del trabajo que haga el MP. Los jueces solo controlamos la investigación que ellos hacen».

Aifán reitera que, a pesar de haber manejado casos concretos en el juzgado de Mayor Riesgo D, nunca faltaron las impugnaciones en la mayoría de sus resoluciones por inconformidades de los involucrados.

«Las salas de apelaciones revocaron un 5 y 10 por ciento de mis resoluciones, la mayoría fueron confirmadas».  

Erika Aifán presentó su renuncia el lunes pasado como jueza del Juzgado de Mayor Riesgo D y permanece en Washington D.C.

Para Andy Javalois, catedrático universitario en derecho y consultor en temas jurídicos, los procesos no deberían retrasarse, pues deben continuar su trámite a cargo de un juez suplente, que en este caso es Edwin Ramírez.

Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema deberán conocer la renuncia de Aifán y, de ser aceptada, se anunciará la convocatoria para la designación de otro titular para esa judicatura y comenzará un proceso interno para buscar a la persona idónea.

Lo preocupante, según Javalois, es que ahora el Consejo de la Carrera Judicial por reformas promovidas en el Congreso, le regresó el poder administrativo a CSJ para ocuparse de esa designación y solo puede sugerir nombres.

«Tendremos que estar atentos a quien termina designando la CSJ y qué intereses va a aprobar:  si el bien común de los ciudadanos colocando a una persona de reconocida honorabilidad o alguien más dócil a la injerencia en las resoluciones que llegue a emitir».

Para Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la CSJ, elegir a un suplente de la jueza Aifán no será un proceso fácil, pues debe estar consciente de los riesgos que enfrentará por las resoluciones que emita. 

 «Ir a enterarse de los casos requiere esfuerzo adicional, son procesos complejos y el juez debe estar al corriente de cada caso. Eso, sin lugar a dudas, ocasionará retrasos».

Un ejemplo de los casos que se conocen en el juzgado de Mayor Riesgo D es el de Construcción y Corrupción, con el cual se tocó a empresarios sindicados de haber pagado sobornos a un exministro de Comunicaciones para agilizar pagos de ese ministerio. También el caso contra cinco grandes empresarios que admitieron haber financiado de manera oculta la campaña presidencial de Jimmy Morales.