En el círculo del presidente Arévalo, la convicción es que si se expulsa a Consuelo Porras del Ministerio Público sin la bendición de la Corte de Constitucionalidad se estaría propiciando un golpe de Estado. La propia Corte saltaría a la oportunidad para promover el desafuero y la separación del cargo del Presidente.

Bernardo Arévalo duda -quizá ingenuamente- que se reúnan los votos suficientes en el Congreso para defenestrarlo, pero rechaza pasar el resto de su mandato peleando la sobrevivencia en el cargo. Esto le obstaculizaría para dedicarse, según su idea peregrina, a hacer avanzar al país en materia social.

En el mismo círculo presidencial tampoco caben dudas respecto a que en el país no priva un Estado de Derecho con apego al texto constitucional. Están convencidos del retorcimiento de la norma por parte de la Corte de Constitucionalidad para sustentar al régimen de impunidad para la corrupción. Una sola resolución de los magistrados habría desautorizado a los fiscales y jueces golpistas y le habría devuelto energía al régimen democrático.

Sin embargo, pesa más en ese círculo cercano al Presidente la obligación de atenerse a las formas. Se encuentran aprisionados en una especie de corsé de principios que los llama a no contrariar a quien lleva la toga. Y aunque temen, ya que el gobierno va hacia el matadero y esperan con pesadumbre el feroz ataque para impedir que el presidente Arévalo sustituya a Consuelo Porras en 2026 o se integre la Corte de Constitucionalidad sin mayoría para la impunidad para la corrupción, se abstienen de actuar.

Saben que el caso contra el Presidente está listo en el Ministerio Público y en el juzgado del juez Orellana. Usarán supuestas declaraciones de Ligia Hernández para ir detrás del gobernante.

Se atienen a que Bernardo Arévalo y los suyos nunca han confiado en el respaldo popular con el cual podría el Presidente oponerse al intento de derrocarlo.

Hay razones de pensamiento atávico en el mestizo guatemalteco detrás de esta desconfianza presidencial, pues Arévalo ni siquiera se sintió sustentado por el pueblo cuando de manera espontánea la gente paralizaba el país para obligar a los golpistas a respetar el resultado electoral.

El Presidente ha creído siempre que ese respaldo es veleidoso y habrá de diluirse antes o más tarde, y que de cualquier manero no alcanza para intentar cambios a gran escala.

Por eso el Presidente no concibe la idea de convocar a la población a rescatar al sistema de justicia, al régimen de legalidad en el país. Poner en evidencia a una Fiscal, mucho menos a una Corte de Constitucionalidad que juega permanentemente al golpe. No lo mencionó en su toma de posesión. Tampoco habla de eso hoy y participa con  diplomático beneplácito en la entronización de una Corte Suprema con mayoría de magistrados dispuestos a obstaculizar su poder.

Al principio, el Presidente y su círculo daban por descontado que una vez aposentado en el Palacio Nacional, las cosas caerían por su propio peso. No querían creer cuán porfiados serían sus adversarios. Cuánto apoyo real reunirían en círculos de dueños de capital y en el propio Congreso. Desestiman aún hoy al Congreso, de hecho.

El Presidente sabía que tenía una carta poderosa en la convocatoria a la población para recuperar la justicia, pero ha preferido mantenerlo al margen.  El sistema de partidos políticos, el modelo electoral, eran elementos que sumaban a su desconfianza sobre la posibilidad que una consulta popular o una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente pudiera arrojar resultados positivos.

Por eso eligió la inacción. Y ahora vemos las consecuencias.

En estos días el Ministerio Público, con una sensación de falso poder a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y con una percepción de poder real a sabiendas de la distribución de las Salas de Apelaciones más convenientes, el apoyo de la nueva Corte Suprema y la dirección inequívoca de la Corte de Constitucionalidad, se lanza a marcarle el límite al Tribunal Supremo Electoral y al Superintendente de Administración Tributaria. No le permitirá a nadie que objete sus decisiones a favor de la corrupción y el lavado. Frente a eso, la modestia de las propuestas del Presidente para contener al monstruo, siempre atenidas a las formas, siempre respetuosísimas de un orden legal perdido, se antojan poco menos que simbólicas.

Consuelo Porras se burlará de ese gabinete al cual será convocada. Y los poderes fácticos aplaudirán su burla.  El país es preso de una dictadura judicial claramente establecida. Esa dictadura tiene al Ministerio Público como su brazo operativo en lo penal. Pero los magistrados constitucionales están a la cabeza de todo.

Esta es la república de Venezuela en Guatemala.