Dos alegatos, uno de ellos que adversa a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y otro que requiere la revisión de medidas de prisión a 5 procesados en el caso Botín Registro de la Propiedad, retrasaron el inicio del debate donde el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, serán juzgados por fraude y lavado de dinero.

El antiguo subjefe de compras del Registro General de la Propiedad, Edwin Ariel García Alvarado, alzó la voz contra la comisión internacional, pues considera que la inmunidad a funcionarios de la comisión contraviene la Constitución. Un artículo del acuerdo que da forma a CICIG protege de persecución penal a sus trabajadores mientras trabajan para ella.

José Manuel y Sammy Morales, hijo y hermano del presidente, quienes gozan de arresto domiciliar, fueron los únicos que no llegaron a la sala de audiencias escoltados con agentes del sistema penitenciario ni otro tipo de seguridad. El hijo del presidente guardó silencio ante las preguntas de la Prensa. Mientras que Sammy Morales, aunque accedió a hablar ante los micrófonos, evadió preguntas relacionada con la CICIG e Iván Velásquez.

“La verdad estoy enfocado en mi caso… está es la ida al baño más complicada que he tenido en mi vida”

El momento cuando los periodistas lo abordaron fue cuando entró a una tienda, cerca de los tribunales, para que se le permitieran usar el baño, ya que los de las instalaciones de Organismo Judicial, estaban ocupados.

El hermano del presidente se siente así sobre su juicio:

“Completamente tranquilo, confiados en el proceso, confiados en el proceso y el estado de derecho”

Pero un recurso fue presentado por sus abogados, así lo anunció la presidenta del Tribunal Décimo Tercero, Edna Maxia López.

“Incidente de Constitucionalidad ha sido presentado por el señor Samuel Evardo Morales Cabrera, el incidente es en contra del artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros activos”

Según el defensor de Morales el delito de lavado de dinero no corresponde a sus actos.

Tanto el incidente presentado por Morales como el del extrabajador del Registro de la Propiedad deberán ser resueltos, así como la prisión domiciliar que solicitaron los abogados de cinco procesados, quienes argumentan que en esta fase del proceso no hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad.

El representante de la CICIG, Cesar Rincón, rechazó los argumentos

“Considerar que cesa el peligro obstaculización de la averiguación de la verdad con el simple hecho de haber concluido la fase preparatoria de un proceso penal es falaz e irresponsable”

Mientras el Tribunal no resuelva las acciones planteadas, el debate no puede arrancar. Hay 25 personas acusadas de fraude, peculado por sustracción y lavado de dinero. Entre ellas, la exregistradora General de la Propiedad, Anabella de León.

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