La renuncia del decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad Da Vinci, David Gaitán, quien integraba la Comisión de Postulación para elegir Fiscal General, marcó la primera semana de trabajo de dicho órgano. La lectura de abogados con conocimiento del proceso es que empieza una cuesta “escabrosa” y rodeada de quienes intentarán cooptar e incluso frenar el proceso.
Esta semana la postuladora publicará la convocatoria para los aspirantes al puesto, de quienes elegirán a seis candidatos que serán presentados ante el presidente Alejandro Giammattei, quien elegirá al sustituto de Consuelo Porras, cuyo mandato concluye el 16 de mayo.
Los comisionados ya decidieron que no admitirán entre aspirantes a los abogados que han defendido con frecuencia a personas involucradas en el crimen organizado.También aprobaron que los mayores punteos en la evaluación serán por formación académica y experiencia laboral.
Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, organización que fiscaliza el proceso, dice que aunque hubo unanimidad para acordar la tabla de gradación, evidenció al menos a un grupo que marcó distancia de los demás.
«El grupo que conforman los decanos de las universidades San Carlos, Regional, el presidente del Colegio de Abogados, del Tribunal de Honor. Queda visto como que es el que trata de detener instrumentos de evaluación y no apoyaron que se previera en el perfil de los candidatos, no considerar idóneos a quienes han defendido a personas vinculadas al crimen organizado».
Este último requisito es similar al que se aprobó hace cuatros cuando se eligió a Consuelo Porras, según Ibarra, aunque asegura, en ese momento “no le molestó a nadie”. Ibarra dice que la renuncia de Gaitán fue forzada y denota que la comisión es vulnerable.
«Quitaron un voto que sin duda alguna iba estar en sentido contrario a los intereses de quienes tienen una gran influencia en el MP. La comisión está en un proceso de vulnerabilidad porque ya hemos visto que muchas acciones se pueden emprender para detener o deshacer etapas del proceso que se ha tornado escraboso».
Esta semana la Comisión de Postulación hará pública la convocatoria para interesados en participar en la elección de Fiscal General.
Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Colegio de Abogados, dice que no hay nada que esperar de esta postuladora porque al final se tienen los mismos resultados y nunca acudirán los candidatos idóneos, puesto que no están dispuestos a “ejercer el cargo bajo presiones”.
«Las cosas no van a cambiar, no vamos a lograr un MP independiente ni porque las mejores personas del país lleguen a esa posición, porque estamos viviendo una pseudodictadura en donde todas las instituciones están cooptadas por los poderes indeseables. No me parece que se discuta tanto la idoneidad de un candidato si únicamente estamos hablando de algo que no es cierto».
Marco Antonio Gemmell, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamerciana de Abogados, calificó el proceso como anómalo, principalmente porque la postuladora es presidida por la presidenta del Organismo Judicial (OJ) Silvia Valdés.
«Ella está en una posición que ya no le corresponde. Ante estas situaciones hay una incertidumbre entre el gremio jurídico porque estamos viendo cómo está todo preparado, será difícil que el nuevo fiscal genere credibilidad en la población».
En el inicio de la segunda sesión el pasado jueves, Valdés se refirió a las peticiones presentadas por el abogado Ramón Cadena y el diputado Aldo Dávila, quienes piden que se inhiba en el proceso de elección, al argumentar que fue señalada en el caso Comisiones Paralelas 2020. Según el MP, la magistrada habría cometido actividades posiblemente ilícitas en su función de comisionada de postulación para magistraturas de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
Valdez respondió que su participación no es una decisión personal, sino una “obligación constitucional” y argumentó que el antejuicio promovido en 2020 en su contra fue rechazado”.