Allan Rodríguez, presidente del Congreso de la República y las bancadas aliadas al oficialismo, promueve una iniciativa de ley para proteger la libertad de religión. La propuesta señala que el Estado no puede prohibir ningún credo, siempre y cuando se proteja la seguridad, el orden público, la salud y la moral. Más allá de esos aspectos un artículo del texto llamó la atención:
Los “efectos jurídicos de la inscripción” garantiza a las entidades religiosas:
- Beneficios fiscales y tributarios que las leyes del país otorgan.
Están exentos de tributos:
- donaciones, diezmos y ofrendas en moneda nacional o extranjera.
- Ingresos por actividades de enseñanza, adoración, formación en la fe, retiros.
La ley actual ya contempla exoneraciones fiscales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Valor Agregado (IVA) a las organizaciones religiosas. Y según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en 2019 dicha exención sumó los Q55.7 millones en ISR e IVA.
Adrián Zapata Alamilla, abogado y exintendente Jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), señala que la propuesta delega en las iglesias representación activa y pasiva de estos grupos:
“Las iglesias podrían ejercer la representación de un colectivo en función de sus intereses y eso es delicado”.
La iniciativa también libra de impuestos “los bienes inmuebles destinados a la religión y educación”
“Esto es abrir la puerta al ejercicio de una dinámica mercantil”.
El documento exonera a las entidades religiosas de investigar o averiguar de dónde provienen los fondos de sus donantes pues ello corresponde a la autoridad competente.
El exintendente más bien cree que la propuesta trata de ordenar la dinámica interna de las iglesias, pues las exoneraciones fiscales ya están contempladas.
Abuso en beneficios fiscales
La Alianza Evangélica estima que en Guatemala hay unas 45 mil iglesias de esta religión, pero menos de 5 mil están registradas en el ministerio de Gobernación. Cesar Vásquez, ex vicepresidente de la entidad:
Es porque lo manejamos por denominaciones, una denominación tiene entre 100 y 4 mil y solo una tiene personería jurídica y el resto funcionan sobre esta.
El ex vicepresidente de la Alianza también reconoce los riesgos de la propuesta:
“Tenemos problemas con algunos que se aprovechan de los beneficios para evadir lo que sí tienen que cumplir y nosotros como Alianza Evangélica no estamos solicitando un cheque en blanco”.
El religioso apunta a las “megaiglesias”: lo que buscan es el lucro.
Otro artículo de la iniciativa que puede prestarse a controversias es el 7 literal P, que describe que las iglesias “estarán exentas de revisión administrativa o judicial que tengan relación con las decisiones que tomen las entidades religiosas” en materia de:
o Incorporación o expulsión de sus miembros
o Integrarse o afiliarse a organismo nacionales o internacionales
Zapata Alamilla interpreta que se refiere a la gobernanza de las iglesias, pero:
Podríamos hablar de un grado de inconstitucionalidad porque si hay una persona afectada no afecta a revisión judicial, podrían hacer lo que quisieran y no habría competencia por parte del Estado; pero contrario a lo que se preveía a no ser fiscalizados, incluso por temas tributarios, se les da autonomía para su dinámica interna.
El pastor del Alianza Evangélica:
“Creo que hay acceso, hay aspectos en los que nadie es superior a la ley, creo que son propuestas que no están bien anunciadas”.
Este reportero llamó a diputados ponentes de la iniciativa, pero no respondieron. De acuerdo con datos de la propuesta en el país 44% de la población es evangélica, 40% católica y 0.8% ateos.