Un año ha transcurrido desde que el presidente Alejandro Giammattei durante la presentación del tercer informe de labores del Ministerio Público (MP) felicitó a la fiscal general Consuelo Porras, al afirmar que en 24 años de existencia de este órgano, nunca había alcanzado la cobertura nacional y a eso se debían los niveles altos de impunidad.

Aunque afuera el descontento de sectores sociales hacia la administración reclama el retroceso en casos de corrupción y la persecución contra operadores de justicia, en especial contra fiscales de alto impacto que laboraron junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Mientras Consuelo Porras afirma que fortaleció la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), los críticos de su gestión dicen que perdió la objetividad, que está debilitada y su futuro es incierto.

Andy Javalois, catedrático universitario en derecho y consultor en temas jurídicos, apunta a que los logros son resultado de un trabajo anterior:

«Desde la distribución geográfica del MP que se concretó más con Thelma Aldana, hasta el esquema sólido de los casos, son cuestiones que no se atribuyen a Porras, ella solo ha generado tensión al remover a personas ya capacitadas bajo pretextos de no tener credibilidad, cuando ella no ha respetado la normativa del MP y no le convenía que estas personas continuarán en los casos».

La administración de Porras no solo se caracterizó por la parcialidad en los casos que caían en una reserva inevitable y eterna, dice Javalois, sino por el temor y la falta de confianza en la justicia que crearon en los ciudadanos.

«Utilizar al MP como instrumento para coaccionar a las personas para que no ejerzan sus libertades es preocupante, aquí nada está bien».

En el tercer informe del MP de 2021 resalta la creación de 276 agencias fiscales nuevas y resalta que en 24 años de historia del MP, solo se había podido llegar al 16% de cobertura nacional, equivalente a 64 municipios. También menciona la creación de 50 agencias fiscales municipales.

Un estudio del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN) presentado en marzo último, expuso que durante cuarto año consecutivo el MP superó el 100% de eficiencia. Solo en en 2021 según el informé, el MP alcanzó un 153.85% de eficiencia en cuanto atender y resolver los casos.

Durante la segunda entrevista que Porras sostuvo con el mandatario Giammattei en el marco de la elección de Fiscal General, calificó como exitosa la creación de los Modelos de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), para la Juventud (MAIJU) y de Niñez y Adolescencia (MAINA).

«Antes del modelo de atención integral para la niñez y adolescencia había 23 mil casos en mora, ahora toda esa mora se ha saldado. El MAIMI tenía 49 mil casos aproximadamente y hoy se han bajado considerablemente».

Porras afirmó que con la implementación de 9 fiscalías, más las 340 sedes a nivel nacional, se resolvió el 57% de 768 mil casos.

El politólogo Secil de León, dice que si bien se amplió la cobertura, no se alcanzan los objetivos en cuanto a resultados por investigaciones. 

«Es difícil en este momento identificar algo positivo del MP. El MP en este momento está en disputa de más de un grupo de poder que se quiere quedar con él o mantener el poder que ya tiene».

Al menos 14 operadores de justicia han salido al exilio durante la administración de Consuelo Porras. Otros son procesados por cometer supuestas anomalías en casos de corrupción. El exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval salió al exilio en julio de 2021 tras ser removido de su cargo por la misma Porras que después ordenó su captura.Para Sandoval estos son los logros del MP:

«Destruyó la credibilidad del MP, la confianza de la población y consiguió que el gobernante que la eligió expulsara a la Cicig. La FECI va a desaparecer porque no tienen casos nuevos y los antiguos los están destruyendo».

La decisión de Porras de remover del cargo a Sandoval provocó que Estados Unidos la sancionara con no dejar que ingrese a ese país al señalarla de «obstruir» la justicia.