A usted seguramente no le extraña que muchos opositores, críticos e integrantes de la sociedad civil canten por adelantado un fraude electoral a favor del partido de gobierno o alguna socia suya. Pero quizá sí le sorprenda que tantos fieles amigos de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, como el sector privado organizado en el CACIF, hoy se posicionen no tan discretamente en su contra. O en contra de sus intereses.

Quienes se oponen a las intenciones de Giammattei de perpetuar su poder coinciden momentáneamente con otros grupos que por mucho tiempo han adversado al régimen de corrupción.

El gobierno y sus aliados políticos  han trabajado juntos para desarticular toda capacidad del sistema de justicia de perseguir corrupción y graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra. La cúpula empresarial han aceptado, cuando no aplaudido, esa campaña. Se ha perseguido hasta el exilio y la cárcel a quienes representan lo contrario a la corrupción y los líderes empresariales han aceptado silenciosamente estas medidas. Pero ahora el río parece salirse de madre.

Como consecuencia de la destrucción de la capacidad de perseguir corrupción del sistema de justicia se ha generado la tolerancia al robo de fondos públicos y se ha garantizado la impunidad. Eso ha provocado un engolosinamiento de los gobernantes con el poder. Pueden hacerse ricos y nadie va a armarles tango.

Eso provoca que quienes tienen el poder se nieguen a dejarlo. Pero esto, incluso a los mejores aliados, ya les parece excesivo.

Para lograr perpetuarse, procuran usar a la autoridad electoral.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al que el Ejecutivo y los diputados le dieron Q1.15 millardos para 2023 (una cifra nunca vista para esta institución), están empeñados en comprar los nuevos sistemas de identificación biométrica, digitalización, verificación y transmisión de datos de las elecciones.

Hay indicios de sobre valoración de los sistemas, pero eso es lo de menos. Esas compras son causa de que muchas personas con larga experiencia en encabezar juntas electorales, entre ellos muchos empresarios respetables, se sientas simplemente inseguras de participar esta vez en el proceso porque no tienen manera de garantizar que los resultados proyectados coincidan con las actas de las mesas receptoras de votos. Los resultados de cada acta ya no se digitalizarían delante del presidente de la mesa.

Esto es más inteligente, por guardar las formas y por ser más complejo y discreto, que la machetera exclusión de todos los oponentes hecha por Daniel Ortega que controla tanto la autoridad electoral como todas las cortes (igual que Giammattei). Pero el resultado es el mismo.

El margen para que haya manipulación es mayúsculo, como en realidad, mayúscula ha sido hasta hoy la manipulación del sistema republicano de establecimiento de pesos y contra pesos al poder. Piense por ejemplo en la exclusión celebrada de una magistrada constitucional indeseable para la elite, el forzamiento a los comisionados para incluir en la nómina a la actual Fiscal General, etcétera, etcétera. Y todo se ha tolerado. Tanto por los aliados, como por la sociedad misma.

El gobierno y sus diputados  le han colocado en la bandeja muchísimo dinero al Tribunal Supremo para que compre los nuevos equipos. Dinero en esta administración es lo que sobra.

Y el Tribunal  hasta hoy ha mostrado una lealtad ovejuna a los intereses del régimen advirtiendo a los competidores de Manuel Conde que su participación en el proceso es incierta. En ese plano, ni siquiera con la Corte de Constitucionalidad se cuenta pues Alejandro Giammattei tiene tres votos muy leales a su favor.

El sector privado organizado trató de promover una reforma electoral, y nada. Ahora, procura con acciones de inconstitucionalidad reducir el poder del TSE al cual ya ve, no como un árbitro imparcial, sino como un actor al cual se debe contener para impedir el fraude. Pero quizá esas medidas sean muy insuficientes y acaso ya también sea demasiado tardías para poner en marcha.

Como vieron que a usted, ciudadano, poco parecía importante que robaran fondos públicos, ahora confían en que tampoco le importe que se roben las elecciones.