El lunes llegó al Congreso de la República la iniciativa de ley propone reformar la integración de al menos 25 Juntas Directivas (JD) en instituciones del Estado: el objetivo es eliminar la silla que corresponde a las entidades empresariales adscritas al Comité Coordinador Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en esos espacios estatales. Los ponentes son diputados del bloque Semilla. Samuel Pérez:

Están tomando decisiones políticas que benefician exclusivamente al CACIF, no es que estén beneficiando a todas las empresas y están cobrando alrededor de Q3 millones al año en dietas por estar en estas directivas. 

ConCriterio solicitó una entrevista a Hermann Girón, presidente del CACIF, así como a la oficina de Relaciones Públicas de la entidad, pero al cierre de la nota no respondieron. En la propuesta se excluyen reformas al mandato de la Junta Monetaria, por ser de rango Constitucional y en este caso el congresista propone:  regular una elección para que cualquier asociación empresarial pueda participar y que el CACIF no tenga el monopolio tomando decisiones sobre la política monetaria del país.

María Fernanda Rivera, presidenta del Consejo Nacional Empresarial (CNE), una red empresarial emergente, cree que el actual modelo es obsoleto y excluyente:

Pudo haber funcionado durante un tiempo, pero se necesitan cambios y se requiere evaluar, pero no se tiene que tomar en cuenta a solo un actor, sino a todos los que están tomando decisiones.

La iniciativa refiere que el CACIF cuenta con poder en 58 instancias del Estado; se proponen eliminar su partición en 25, entre ellos: Crédito Hipotecario Nacional, Instituto Nacional de Electrificación (INE) y las portuarias.

Pero CACIF no es la única instancia con representaciones.

La Universidad de San Carlos De Guatemala (USAC), también tiene al menos 71 puestos en entidades que toman decisiones de Estado. Carlos Valladares, excandidato a rector de la USAC en el pasado proceso de elección, cree que también la USAC debe quedar fuera de estas mesas pues su participación desvirtúa la academia y la convierte en un ente de intereses políticos.

“La universidad se debe mantener ajena a expresiones políticas”. Él cree que la intención de otorgarle a la USAC esas sillas de poder fueron bien intencionadas, “pero esto se ha desviado porque quienes ejercen las representaciones no responden a una política de la universidad, sino que asuntos personales o compromisos de los rectorados y van defender posiciones personales y no institucionales y peor aún, ahora van a defender intereses del gobierno.

Algunas de las representaciones de la USAC son para elección de magistrados de Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Contralor de Cuentas y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por sospechas de interferir en esta última elección están procesados los exrectores Estuardo Gálvez y Murphy Paiz.

El Colegio de Abogados de Guatemala (CANG) es otra institución con poder político en distintas mesas, entre estas: elecciones en Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), TSE, CSJ, en una lista. No obstante, Marco Antonio Sagastume, expresidente del CANG, opina que no es conveniente separar de estos procesos a su gremio:

El pueblo tiene que tener participación, suponga que dejamos en manos del Ejecutivo. Eso va a hacer peor.

Al cuestionar al diputado de Semilla ¿por qué solo CACIF? Responde: sí hay que cuestionar el modelo corporativista del Estado, es un modelo fracasado. Creo que sí hay que reformarlo, eso implicaría hacer un estudio sobre el resto de Juntas Directivas. En este caso hay un profundo conflicto de intereses que no tienen el resto de asociaciones que participan en otras instancias.

Los entrevistados independientemente consideran que cambiar el modelo es un propósito cuesta arriba por los intereses en juego.