Integrantes de organizaciones de sociedad civil que monitorean el proceso electoral han manifestado sus dudas sobre la honorabilidad de los integrantes de 19 de las 24 Juntas Electorales elegidas en enero pasado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE. Son 11 presidentes los cuestionados, además de secretarios y vocales y suplentes a quienes descubren involucrados en casos de corrupción, vínculos políticos, contratistas del Estados e incluso prestar servicios en el propio TSE.

El Mirador Electoral, entidad integrada por cinco organizaciones que controla el proceso electoral y que es dirigida por Acción Ciudadana, elaboró un informe, en cual evidencia que en Sacatepéquez:

• La presidenta de JED, María del Carmen García, tiene un contrato vigente hasta abril con el Ministerio de Cultura por Q54 mil. Entre agosto de 2019 y noviembre de 2022 fue directora de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas y la organización señala que no cumplió con su papel fiscalizador.
• Mario Federico Hernández Romero, secretario, fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea y Cooptación del Estado. En 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) incluyó al profesional en el informe Impunidad y redes Ilícitas, como parte de abogados de que intervienen en casos de alto impacto.
• Los suplentes I y II fueron denunciados por la Contraloría y la Fiscalía contra la Corrupción, por anomalías en la administración pública.

Eddy Cux, abogado de Acción Ciudadana:

“Puede haber un riesgo logístico y de coordinación porque la gente que está atrás es nueva ¿Qué tipo de experiencia tiene estas personas para desarrollar la parte logística de las elecciones? Además, en el nombramiento de juntas municipales y de receptoras de votos, incluso en el escrutinio de votos, podría haber influencia de los partidos políticos”.

En Escuintla: la presidencia la ocupa Aura Delfina Palala Zepeda, exgobernadora de Escuintla, nombrada por el expresidente Jimmy Morales; pero debió de renunciar porque Morales incumplió los procesos para su nombramiento, sentenció la Corte de Constitucionalidad (CC).

Chimaltenango: Entre 2019 y 2022 Mario Francisco Xocoy, presidente de la JED, fue Subcontralor de Probidad de la Contraloría General de Cuentas. En octubre 2022, en el proceso de elección de contralor, fue tachado por un ciudadano por tener una denuncia activa que lo vincula con el operador político Gustavo Alejos.

Al consultar a Elizabeth Palencia, magistrada del TSE, respondió: nosotros no somos Ministerio Público (MP), solo buscamos los 8 filtros que dice la ley, si ya pertenecieron a alguna Junta y dejaron las cuentas limpias, si tienen alguna denuncia en Inspectoría -porque no somos MP- vemos solo lo nuestro.

En el caso de la Junta Electoral del Distrito Central, el secretario José Estuardo Córdova Guirola fue abogado de Zury Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto, ante la CIDH en 2019.

En la JED de Voto en el Extranjero, la secretaria Mónica Raquel García López, fue acusada de peculado por sustracción y falsedad ideológica en el caso Asalto al Ministerio de Salud por simular una plaza fantasma para el partido TODOS.

Informe completo:

Ben Monterroso, miembro de la organización Voto de Guatemaltecos en el Extranjero (Voguare) con sede en California:

Esta persona tiene un cuestionamiento de integridad, pero voy más allá que información tiene ella o ellos con los que vivimos en EE.UU. ¿Por qué van a ser ellos los que van a coordinar? Si nosotros vivimos en este país.

En febrero, el TSE hizo enmiendas en los nombramientos de 12 de 24 JED, aunque la presidenta del TSE, rechaza que se le llamen enmiendas.

Hay personas que cuando vieron el gran compromiso, decidieron voluntariamente declinar.

Uno de los cambios fue en Retalhuleu, donde se nombró como presidenta a Juaquina Rutilia Marroquín, según Mirador Electoral, por cercanía con el partido VALOR, VAMOS y CABAL. Otro caso es el de Crista Guillén, secretaria de la JED de San Marcos, fue financista y candidata a diputada de la UCN.

Cada JED está integrada por cinco personas, que reciben Q6 mil mensuales -presidente- Q4 mil -secretario y vocal-, y los dos suplentes que cobran Q2 mil.  Entre las atribuciones de las JED está integrar las Juntas Electorales Municipales y proveerles los insumos para llevar a cabo los comicios electorales y entre todas administran unos Q300 millones.