En febrero de 2020 la Comisión de Postulación que nominó a los aspirantes a una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), decidió no puntuar la ética de los candidatos y en cambio ponderó su experiencia y méritos académicos.

Hoy un cuestionamiento se levanta sobre dos magistrados elegidos: Ranulfo Rojas Centina y Marco Antonio Cornejo Marroquín. Uno titular, el otro suplente, ambos presentaron títulos falsos de un doctorado y una maestría ante Comisión de Postulación.

Una investigación del diario elPeriódico reveló que la universidad Da Vinci, de la cual presentaron los títulos de grado, no reconoce como propios los documentos que acreditaron el doctorado a Rojas y la maestría a Cornejo. El TSE guarda silencio. ConCriterio pidió una respuesta Conrado Monroy, vocero de la institución pero no respondió.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, dice que es una práctica antigua y que solo puede erradicarse si se apela más a la ética de los candidatos:

   En la medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta de cómo -Roberto López Villatoro- el Rey del Tenis invirtió dinero y esfuerzo en proveer de posgrados a su lista de candidatos. Él fue quien abrió el uso de estos como herramienta para meter aspirantes a candidatos. En 2009, estos acuerdos con universidades españolas fueron objeto de investigación en la CICIG  y desde ahí se encendió la alarma de que los postgrados se podían conseguir a través de negociaciones. 

A raíz de esas alertas, asegura Ibarra, se prestó más atención a los méritos profesionales.

Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e integrante en distintas comisiones de postulación para elegir jueces, comenta que un postgrado no garantiza un mejor funcionario:

“Lo que es importante es el conocimiento en la materia. Si vamos a elegir a un magistrado, ¿cuál es su experiencia en el sector justicia o cualquiera otra de las actividades? Pero sopesar todo eso es complicado y aún con sus deficiencias, las comisiones de postulación han hecho un buen trabajo”. 

El exmagistrado dice a que el comisionado no tiene capacidad para verificar y confía en se actúa bajo declaración jurada:

Si se falsificó un documento, no significa que ya venía alterado de una universidad, pero son temas que se suman a la responsabilidad a las Comisiones de Postulación.

En 2014 el escándalo fue la investigación doctoral de Manuel Baldizón, excandidato presidencial del desaparecido Partido Lider, hoy condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Pese a reconocer que era un documento copiado, la Universidad de San Carlos (USAC) avaló la tesis.

ConCriterio reveló en febrero como el juez Mynor Moto, cuando aspiró a una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad, obtuvo títulos de maestría y doctorado en menos de un año en la USAC. La directora del Movimiento Projusticia dice que en el pasado, la elección de jueces era una feria de diplomas:

Se descubrió que había una acumulación fraudulenta sobre diplomas de especialidades y, a veces, se daba un punto por cada uno y los participantes conseguían hasta 15 o 20 y se hizo ver que no se podía dar puntuación por eventos de una hora de duración. 

ConCriterio se comunicó con diputados y representantes de partidos políticos, entre ellos Cesar Romano representante de la UNE y Aníbal Samayoa, diputado del bloque Humanista, para conocer su postura al ser ellos afectados, pero respondieron que analizan la situación.     Al cierre de la nota el MP no respondió si investigará de oficio el caso.

La elección de estos magistrados se dio bajo cuestionamientos: el 17 de marzo 2020 en pleno inicio de la pandemia en Guatemala y sin mayor discusión los diputados los diputados oficialistas llevaron a cabo la elección.