La lista de capturas del Ministerio Público (MP), en el caso de la Universidad de San Carlos (USAC), es extensa: seis de los 27 buscados, han sido aprehendidos, otros se adelantaron al destierro meses antes y muchos más están en el proceso.

Se ha interrumpido la vida de tres académicos, un estudiante y un trabajador de la USAC, además de una excandidata a diputada de Semilla, porque enfrentan sus primeras diligencias en los tribunales por un caso construido con base en opiniones en las redes sociales, aunque de acuerdo con los análisis científicos no son fundamento de causa.

Jordán Rodas, Exprocurador de Derechos Humanos (PDH) y excandidato a rector de la USAC, con orden de captura en este expediente: Es una acción sínica con una patraña en contra de personas decentes y honestas, que se único delito ha sido defender la autonomía de la única universidad pública, quien tendría que estar preso es el rector Walter Mazariegos, él ya fue el incluido en la lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos.

Marcela Blanco, excandidata de Semilla; Javier de León, estudiante y Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Alfredo Beber; catedráticos de la USAC.

El exprocurador lleva 15 meses en el exilio, luego que se le negara su participación como candidato a la vicepresidencia por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y que su sucesor en la PDH José Alejandro Córdova, lo denunciara por supuesta anomalía en la solicitud de su indemnización. Rodas, lo interpreta así:

Estoy pagando las consecuencias de ponerme al frente de la lucha contra la corrupción y la impunidad. De defender a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), a los operadores de justicia. No me arrepiento, lo volvería a hacer; uno tiene que decir de qué lado estar: yo decidí estar del lado donde pega el sol, no quiero estar en el lado oscuro, con los corruptos.

Jorge Santos, coordinador general a la distancia de la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), ha cumplido siete meses en el destierro. Se enteró por las noticias del 18 de mayo de este año de la persecución en su contra que iniciaría Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a raiz de que el exdirectivo bancario, Ronald García Navarijo, aseguró que había un plan para sacarlo del país, con la ayuda de Santos.  “a quien ni conozco, solo por los casos de lavado de dinero que tiene, que son de carácter público. Aun y cuando el Tribunal no le da, no le da credibilidad al testimonio de García Navarijo, el fiscal dice que todos los nombrados seguirán siendo investigados. Hemos pedido en múltiples ocasiones el expediente y no hemos tenido acceso”.

Este año se cuentan a unos 57 operadores de justicia y periodistas en el exilio. La UDEFEGUA, brinda acompañamiento en algunos casos:

Aquellos defensores de derechos humanos en riesgo de su seguridad, integridad han tomado la decisión de salir del país y hacer solicitudes de refugio político. Ellos aseguran que el sistema de justicia es confiable y que todos deberían de presentarse, pero la evidencia es que no existen esas garantías de confianza de asistir al sistema de justicia. Estamos viendo la intención de dejar detenidas a las personas el mayor tiempo posible y ahí hay una colusión entre el Ejecutivo, el MP y el Organismo Judicial.

Nadie quiere estar en el exilio, afirma Santos, pero es una causa forzada. El aspecto familiar es el primer golpe, pero: en el ámbito económico algunos buscando fuentes de empleo, otros hemos tenido la dicha de conservar nuestros empleos. Cuando la persona recibe asilo político -en algunos casos- hay reinserción, en idioma, escolaridad, lo laboral. He tenido conocimiento de cambio de actividades laborales, cuando el ejercicio de la profesión se ve limitada. La vida continúa y hay que seguir manteniendo la existencia fuera y para muchos la de su familia. La condición de la salida del país es dolorosa.

Las organizaciones también tienen conocimiento de detenciones migratorias de perseguidos políticos en otros países. El retorno se ve en el horizonte, pero se cree posible cuando haya garantías de justicia, y eso solo lo ven venir con la renuncia o destitución de Consuelo Porras, mediante alguna alternativa.