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La Corte de Constitucionalidad (CC) está a punto de deliberar una acción de inconstitucionalidad planteada en 2022 por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), la cual pretende evitar que exfuncionarios acusados de casos de corrupción y personas vinculadas al crimen organizado pierdan el patrimonio que se sospecha ha sido generado con con fondos públicos o actividades ilícitas. Esta fundación es la que abiertamente se opuso al trabajo de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ha perseguido a jueces y periodistas que investigaron corrupción al punto de orillarlos a la cárcel o al exilio.

Comunicación Social de la alta corte no respondió cuándo será elevada la discusión, se conoce que el ponente será el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, que esta semana deja la presidencia de la CC.

Los bienes en control de la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) sobrepasan Q1 millardo. Si la Corte de Constitucionalidad da la razón a la FCT, evitará que pasen a manos del Estado las fincas productoras de aguacate Hass en Chimaltenango del expresidente Otto Pérez, condenado a 24 años de prisión por dos casos de corrupción; al igual que  centro comercial en Estanzuela Zacapa de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, condenada 39 años de cárcel.

Los excandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, serían los más beneficiados de todos. Ya han tenido una gran suerte desde que Consuelo Porras llegó al Ministerio Público y sustituyó a los fiscales de la FECI. A partir de ahí el sistema de justicia les ha permitido salir de la prisión y cerrar sus casos. Si la CC bota la Ley de Extinción de Dominio, los 145 bienes de Sinibaldi y los 103 de Baldizón podrán ser fácilmente recuperados.

Raúl Falla, abogado de la FCT, en una entrevista en Canal Antigua en 2022, señaló que la ley impone sanciones anticipadas y que viola el derecho de defensa hacia la propiedad privada:  “Consideramos que la promoción de esta ley tuvo el objeto de disfrazar de legalidad, pero que realmente escondía un sucio camino para expropiar los bienes y distribuirlos en favor de personas y entidades; incluso violenta el principio de temporalidad para que sus vienen puedan ser investigados para saber si provienen de actividad ilícita”.

Ayer, el juez Marco Antonio Villeda fue notificado de su cambio del Juzgado de Extinción de Dominio que dirigió durante 12 años para pasar al Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala.

Jorge Mario Andrino, exdirector de la SENABED, señala que no tienen sentido un análisis sobre esta ley pues:  Este análisis de constitucionalidad ya se hizo cuando la ley estaba en proceso de aprobación en el Congreso y cuando eso se dio se tuvieron diferentes puntos de vista, que hacían ver la necesidad de combatir al crimen organizado transnacional y no se encontró que se existiera ni la vulneración del derecho de defensa ni del debido proceso, porque hay un juez contralor específico, una fiscalía en particular y los remedios y recursos que se contemplan de acuerdo a la ley; entonces sí no se hizo en ese momento, no veo el porqué ahora la norma pueda ser contraria a nuestra constitución”.

El exfuncionario señala que las medidas son de carácter preventivo para evitar que quien está bajo proceso venda u oculte la propiedad de los bienes.  En el caso de Guatemala, los juzgados de extinción de dominio han determinado luego de la investigación del MP, que muchas de las propiedades no son parte de una estructura criminal y han ordenado la devolución de los mismos y ahí no hay vulneración de la constitución.

Alejandro Balsells, abogado y catedrático universitario, coincide con Andrino en que, en su momento en 2010, se presentaron las inconformidades correspondientes las cuales fueron dadas sin lugar. Balsells interpreta la petición como una acción eminentemente política y ve riesgo.

 En un país como el nuestro dónde el MP abiertamente monta casos y pone en duda los resultados electorales porque no le gustaron y ha obligado a una gran cantidad a exiliarse, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, quiero confiar en que el tribunal constitucional no se va a permitir esos cambios de criterio, porque él mismo ha resuelto otros casos y no sería raro que con los mismos magistrados.

Ante el riesgo de que la CC, pretenda declarar la inconstitucionalidad el abogado Andrino señala que no puede aplicar retroactividad:  porque se está hablando de disposiciones vinculadas a bienes y no aplica ese principio que es favorable a la persona que está sujeto a proceso porque son aspectos materiales.

ConCriterio obtuvo información de que el MP ha planteado solicitudes a la SENABED para que devuelva bienes incautados a Sinibaldi, Baldizón, pero los requerimientos están aún en litigio. 

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