Todos los partidos tienen afiliados irregulares. Eso responden las propias organizaciones políticas, pero ¿por qué el Ministerio Público (MP) trató el caso de Semilla como criminalidad organizada al punto de solicitar su cancelación? ConCriterio solicitó sin éxito durante tres semanas entrevista con Lizbeth Pérez, jefa de la Fiscalía Contra Delitos Electorales, quien trasladó el expediente a la  Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Juan Luis Pantaleón, vocero del MP:

Podría advertirse que podría estar involucrado un grupo de personas organizadas para cometer ilícitos y con capacidad de general impunidad, por eso se traslada la investigación a la FECI.

ConCriterio también indagó a la fiscal Pérez qué partidos tienen procesos similares, pero tampoco hubo respuesta. El MP confirmó a La Hora que hay 4 casos en los juzgados: los expedientes corresponden a opositores políticos del gobierno actual. El partido VOS es uno: aunque participó sin problemas hay dos personas sindicadas de falsedad ideológica por adhesiones irregulares. Una audiencia está prevista para el 22 de agosto. No hay otra organización política aparte de Semilla tratada bajo ley de delincuencia organizada. Andy Javalois, penalista, señala que estos casos deben resolverse en el Tribunal Supremo Electoral (TSE):

Debería ser la última opción, pero acá irse a lo penal es la primera y única opción. Y utilizar una legislación para combatir organizaciones estructuradas cuyo único fin es la obtención de un lucro ilícito, hay que tener dos dedos de frente.  Ellos se organizan para lograr participación política, no con una finalidad de obtención de un lucro ilegítimo, entonces ¿por qué acudir a esta legislación?

El desaparecido Partido Libertador Progresista (PLP), fue un caso relevante cuando el Registro de Ciudadanos detectó 12 mil adhesiones irregulares en 2015. La ley electoral establece como requisito para la inscripción de un partido la adhesión de 2% de personas del total de empadronados, en la actualidad unos 25 mil.

No es fácil, dice Óscar Argueta, exsecretario general de la UNE, ahora integrante del VOS. Un batallón de reclutas reúne a los afiliados, lo que provoca irregularidades:

Lo que nosotros hacemos es entregar una hoja de responsabilidad de los adheridos; además, adjuntamos una fotografía del DPI de las personas y verificamos que no esté en la plataforma de datos del TSE. Se le explica a la gente cuales son los delitos en los que se incurre si falsifican firmas; recibida la información hacemos algún cotejo pera minimizar la posibilidad que nos metan gol. Sí hemos encontrado gente que se puso a hacer planas, pero anulamos las hojas, aunque sí han colado firmas que no fueron dadas por las personas.

José Luis Javier, fiscal nacional de BIEN: no estamos limpios en 100%. Lo que pasa es que las hojas de adheridos se les responsabilizan a ciertas personas y a veces cometen ilícitos, pero eso no es responsabilidad de nosotros.

Este fiscal razona que la responsabilidad es de quien alteró los datos y no del partido.

“Yo no veo una falta grave”.

ConCriterio habló con un joven que prefiere omitir su nombre. Hace 15 años un compañero de la universidad le dijo que necesitaba firmas para un partido político y él accedió sin estar consciente:

“Fue en mi primer año de universidad, yo estaba desinteresado en el ámbito político.  No me explicaron mayor detalle, yo solo firmé porque era un compañero de la universidad”.

Así mismo este reportero estuvo afiliado 13 años al partido BIEN sin saberlo. En 2015, asignado a la cobertura electoral, cuando surgieron diferentes casos la sorpresa es que yo era uno más.

Renunciar a la afiliación fue sencillo, tanto que el Registro de Ciudadanos habilita la Ventanilla 3 y en cuestión de 5 minutos anulan la afiliación. Aunque pedí que se investigara, mi caso no llegó al MP.

Al exponer mi experiencia al fiscal de BIEN, ríe y cuenta: yo también aparecí afiliado al PAN después de que ganó Álvaro Arzú.

Publicación de Publinews, en 2015.

En 2015 Leopoldo Guerra, dirigía el Registro de Ciudadanos y señaló que no existe capacidad para verificar cada firma. Guerra murió en enero de este año, pero así se expresaba aquel año:

“Se están obteniendo resultados que no son deseables, hay muchísimas firmas que no corresponden a con las que aparecen en los DPI de las personas mencionadas en las afiliaciones”.

La evidencia demuestra que es común y ningún partido se libra de esto, en este punto el abogado Javalois reitera, cómo deben resolverse:

“Son de naturaleza administrativa, no penal”.

Pero la falsificación del caso que involucra a Semilla llegó a lo penal porque Rodrigo Rodas, el denunciante, prosiguió. Rodas integró un partido opositor de Semilla:

“Yo fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Unionismo, durante 8 años y estuve de concejal en la planilla del alcalde Arzú”. Las palabras de Rodas son un extracto de una entrevista que concedió en Radio Infinita. Este reportero le escribió, pero respondió que de momento ya no hablaría con la prensa.