Un empresario ha enfrentado por ocho años a la Municipalidad de Guatemala: denuncias penales y una inhabilitación impuesta, tras un error de la comuna en los planos de un instituto en zona 18. Un examen de la Contraloría confirmó que la planificación municipal estaba incompleta y que el constructor no incumplió el contrato. Aunque la denuncia fue desestimada y la Corte de Cosntitucionalidad ordenó rehabilitarlo, el daño ya está hecho: la obra quedó abandonada y su empresa no ha podido contratar de nuevo con el Estado.
