La Superintendencia de Competencia, llamada a investigar y sancionar prácticas anticompetitivas a partir de diciembre, atraviesa una crisis interna marcada por disputas entre directores, retrasos en la contratación de personal y dificultades para nombrar a un nuevo superintendente. Diputados, economistas e integrantes del directorio advierten que los conflictos ponen en riesgo el funcionamiento de una institución clave para la economía y la protección de los consumidores.

