Víctimas del wi-fi gratuito, los teléfonos públicos desaparecen lentamente de la faz de la tierra. El 24 de abril en Nueva York, miles vieron con nostalgia la desinstalación de los últimos aparatos en la vía pública. En España, este año se desinstalarán 14 mil cabinas porque, en promedio, eran utilizadas para una llamada a la semana. En Guatemala, aunque parecen abandonados en el área urbana y el 92% de los que había en 2020 desaparecieron, aún registran demanda en el área rural.

Entre quienes hacen funcional estas cabinas está Johana Gallardo, tiene 40 años y es trabajadora en casas en un condominio de la zona 12 capitalina, pero la comunicación con sus familiares en otras regiones del país es constante por medio de los teléfonos públicos.

 «Los utilizo frecuentemente, pero se gasta mucho dinero. Ahora hablar dos minutos me cuesta Q2 o Q4, pero depende a dónde llame, antes gastaba Q0.25. A veces recibo llamadas de mi suegra y antes de contestarle ya sé que es ella, porque los tengo identificados».

Los teléfonos públicos en Guatemala desaparecieron en su mayoría durante 2020 y 2021, los años de las restricciones más fuertes para contener la pandemia: hoy la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) registró 4 mil 270 teléfonos públicos, pero hace 2 años eran 53 mil 352.

Hace décadas estas cabinas fueron administradas por las grandes empresas de telefonía celular, pero el costo de mantenimiento, la burocracia por permisos municipales y hasta el cobro de  sobornos por parte de los jefes ediles, así como el crecimiento de líneas fijas y prepago, promovieron que los teléfonos monederos pasaran a ser administrados por comercializadoras más pequeñas, dice Ricardo Flores, asesor en Telecomunicaciones.

«El teléfono monedero ya no les resultaba muy atractivo, tomando en cuenta que eran eran utilizados para extorsiones y que tenían que estar dando información al Ministerio Público. Entonces lo que hicieron fue dejar el negocio para las comercializadoras que no son empresas con infraestructura de telecomunicaciones, pero están registradas en la SIT como operadoras comerciales y sirven para administrar los teléfonos monederos».

En marzo de 2020 en Chimaltenango fueron retirados con sierras eléctricas todos los teléfonos públicos monederos instalados en los alrededores de la plaza central y mercado de aquella localidad. La versión de algunos concejales fue que el contrato con la empresa que prestaba el servicio caducó. Los vecinos aseguraron que el alcalde los retiró por un ordenamiento territorial.

La percepción de Johana Gallardo de que ahora se habla menos en los teléfonos monederos tiene sustento dice Flores, pues las empresas que los administran no se identifican en las cabinas telefónicas y no se sabe a qué entidad pertenecen los aparatos, algunas otorgan 1 minuto por Q1 y otras solo 40 segundos, además, no existen números para atención al cliente.

«Operadores de red comercial habrán unas 40 o 50 empresas, ofrecen servicio de telefonía pública, residencial e internet. En estos casos las comercializadoras van a las telefonías y compran el bolsón de minutos en precio especial, si a usted le cuesta Q1 el minuto, a la comercializadora se le vende a Q0.50 y cuando lo revenden en la telefonía pública el minuto se cobra a Q1.25 y le ganan un porcentaje».

Según la SIT, las 4 mil 272 líneas están a nombre de Cablenet, la cual, según Flores, pertenece a una de las empresas grandes de telefonía y posiblemente representa a las demás comercializadoras, a las cuales les revende las líneas e incluso les arrenda los teléfonos públicos en zonas capitalinas.

En los años 90, en Guatemala se comercializaron las tarjetas prepago Ladatel, con recargas de Q20 y Q30, pero desaparecieron ante la llegada de los teléfonos celulares prepago. Los teléfonos públicos han encontrado un nuevo nicho desde 2009 y son las cárceles: son más resistentes ante los golpes y funcionan con tarjetas prepago a un costo de Q1.80 el minuto. Las tarjetas están identificadas con un código y previo a que un particular afuera del centro carcelario atienda una llamada, una contestadora automática le advierte que tiene una llamada desde un centro carcelario y será su decisión si la acepta.