Un hecho aislado que involucra al presidente de la Junta Receptora de Votos (JRV) de la mesa 8650, de la Escuela San Juan Tecuanco, Santa Rosa, tensa los nervios a quienes participaron en la recepción y conteo de votos en el presente proceso electoral.

José Murúa, presidente de la Junta Electoral Central, dice que mientras el Ministerio Público (MP) no concluya los procesos, la situación puede complicarse para los colaboradores electorales:

El MP lleva varios procesos, tanto para las Juntas Electorales, las JRV y los digitadores y eso no estará resuelto para el 31 de octubre. El problema es que ya casi todas las estructuras las tenemos desarmadas. Todo el soporte legal y el problema es que se vuelve una situación personal para quienes participamos como voluntarios.

Un informe de la organización Jóvenes Artistas por la Justicia Social, destacó que el 75% los receptores y fiscales fueron jóvenes comprendidos entre los 21 y 24 años, estudiantes y profesionales guatemaltecos.

En el proceso electoral participaron unos 125 mil receptores de votos.

Murúa considera incongruente que el MP indague sobre los resultados electorales, pues señala que entre receptores, fiscales y observadores bien pudieron fiscalizar el proceso unas 200 mil personas. Y lamenta la idea de enjuiciar a los colaboradores. Si las autoridades no disponen ampliar el proceso hasta enero, el próximo 31 de octubre concluirá y automáticamente las Juntas Electorales quedarán disueltas y, como señala Murúa, el tema se convertirá en un problema personal. No obstante:

Creo que el TSE está considerando opciones para apoyar a la gente. Por ejemplo, ahorita, hay un caso de Santa Rosa. Estas personas tienen que viajar a la capital, estar dos días, dar seguimiento al proceso, cuando ellos no son asalariados para estar costeando gastos adicionales. Entonces, además del gasto legal, le puede representar un costo de estadía en la capital.

Ayer circuló en redes sociales una citación de la Fiscalía de Asuntos Electorales a Everardo García, presidente de la mesa 8650. El MP sigue la denuncia de la sustracción de una caja electoral. El muchacho debía acudir al MP, pero falleció su papá y la cita se pospuso para el próximo lunes. Brisa Morataya, presidenta de la Junta Electoral Municipal, explica: Lo que nos comentó es que ellos salieron porque ya habían terminado y el policía les dijo que regresara la caja porque la gente no quería que se trasladara al centro de acopio. Pero de ninguna manera se sustrajo y menos se violentó y se entregó junto con las 21 cajas del municipio.

Everardo es un profesor local de unos 38 años de San Juan Tecuaco y ha participado en al menos tres procesos electorales. Alexis de la Vega, secretaria de la Junta Departamental de Santa Rosa:

 Él está asustado porque en primer lugar es de escasos recursos, no tiene para poder pagar un abogado y dice: “yo solo vine a hacer mi trabajo para ganar Q400, por todo lo que está pasando”, pero como Junta Electoral hablamos y el presidente lo va a apoyar con asesoría legal. Nosotros llamamos al TSE y nos indicaron que los abogados de la institución no los han dejado entrar; entonces vamos a hablar con abogados conocidos.

Aunque no tienen mayor información del caso, los vecinos creen que la denuncia proviene del VAMOS, el partido oficial, por inconformidad en los resultados. La alcaldía fue ganada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y en la elección presidencial primera y segunda vuelta la UNE obtuvo la mayoría de votos.

En julio, el MP abrió una investigación sobre el programa de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP); otra a la Junta Electoral de Guatemala, por la compra del programa de digitación de resultados del distrito central y solicitó información sobre los 5 mil digitadores; además sigue 13 procesos contra autoridades del TSE, que incluyen retiro de antejuicio y la causa más reciente sobre la contratación del programa que respalda el conteo de votos.

El fin de semana el sector privado organizado pidió protección para todos los voluntarios involucrados en el proceso electoral.