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Las cárceles reportan hacinamiento del 300%. Desfogarlas moderadamente solo fue posible durante la pandemia del Covid-19, cuando los jueces autorizaron el arresto domiciliar a unos 10 mil reclusos en solo seis meses, No ha vuelto a ocurrir, a pesar de la implementación del Control Telemático en abril de 2023 y que consiste en tobilleras con GPS que monitorean la ubicación del acusado que goce de arresto domiciliar. Solo se usan el 5% de las disponibles. Alejandro Quevedo, director de Control Telemático del Ministerio de Gobernación:
Los dispositivos contratados en esta licitación son 2 mil tobilleras. A la fecha tenemos 105 activos y tenemos una disponibilidad de 1 mil 895.
El funcionario señala que de 23 en 2023 pasaron a activar 107 en 2024, pero: ¿por qué su uso sigue limitado?
– En parte, desconocimiento: algunos abogados han solicitado a los jueces “medida sustitutiva de control telemático” y no es una medida sustitutiva. Es un control, le garantizamos al juez, desvanecer el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. La persona está siendo monitoreados 24 horas, los 7 días a la semana.
La unidad que dirige Quevedo ha capacitado a 6 mil 361 funcionarios de justicia. En su página publicaron los formatos para solicitar ante jueces y evitar rechazos.
Aunque superado la prueba y el error, las limitaciones económicas serán otro obstáculo. Optar por una tobillera implica pagar Q1 mil 500 al mes. El sistema es exclusivo para quienes tienen capacidad económica. A la fecha no hay morosos: son sindicados, condenados y presuntos agresores. Obtienen una medida sustitutiva en primera declaración o revisión de la medida de coerción; esta no es una medida, es un control para el cumplimiento de la misma.
Costear un año de control telemático puede costar Q118 mil. La ley contempló excepciones: si el privado de libertad no cuenta con recursos suficientes, el Estado financia el dispositivo, previo a estudio socioeconómico.
Juan Manuel Castillo, asesor de la dirección técnica del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), dice que los defensores públicos han presentado 70 solicitudes de las cuales se han hecho efectivas 34.
Son personas que no cuentan con recursos para pagar un abogado particular, se han hecho estudios socioeconómicos y los 34 dispositivos los ha absorbido el Estado. Nuestra población reclusa es minoritaria en prisión preventiva, contrario a condena que es un 90%, en esta etapa procesal las personas ya no cuentan con recursos, por el costo del proceso y pago de defensa particular.
Los 34 que han optado a tobilleras mediante la Defensa Pública no han llegado a condena. Son delitos como: violencia contra la mujer, maltrato contra menores de edad y quizá algunos por extorsión.
El 22 de noviembre de este año el Centro de Control Telemático, recibió una de 13 mil alertas registradas: Fernando Ruano, un extorsionista que pagó por el beneficio, se quitó la tobillera, la aventó a un río y huyó. Fue recapturado.
Prófugo de la justicia fue capturado por investigadores en Chiquimulilla
Se quito dispositivo de control telemático
Investigadores de la #DIP recapturaron al prófugo de la justicia Fernando Bladimir Ruano Pérez, alias «La Mascota», de 23 años, pic.twitter.com/s3P4Pg35XF
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 22, 2024
Quevedo el director de la unidad señala que no todas las alertas son negativas, algunas avisan que el dispositivo no tiene carga y otras que está trascendiendo su zona de control:
En Quetzaltenango tuvimos un caso en que la persona iba en un taxi colectivo y por el tráfico el vehículo se pasó a Salcajá y se tuvo que notificar al juez que la persona se salió de la zona de inclusión.
25 personas trabajan en turnos de 24 horas para dar seguimiento a los procesados. La mayor demanda de dispositivos es en hombres de 18 a 40 años y en Guatemala y Quetzaltenango. La semana pasada autorizaron 5 dispositivos en el Preventivo, 2 en Mariscal Zavala, 1 en Pavoncito y una en Quetzaltenango.