Era miembro del Estado Mayor Presidencial y hay investigaciones que lo vinculan con el intento de asesinato de Colom Argueta en 1978. Hoy ya se encuentra a disposición de la justicia, tras ser capturado en Panamá como acusado en caso del Diario Militar.

Toribio Acevedo Ramírez, abogado de 68 años, fue capturado el 11 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, en cumplimiento a una orden de captura emitida el 19 de mayo del 2021. Es acusado por desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad, hechos cometidos durante el tiempo del conflicto armado interno.

En la última audiencia del caso Diario Militar, que se llevó a cabo el viernes 6 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que nueve militares deben enfrentar juicio oral y público por los delitos de desaparición, asesinato y violencia sexual. Al final de esta, el juez solicitó al Ministerio Público (MP) que continuara la investigación en contra de Acevedo, ya que su nombre fue mencionado por testigos. La investigación del Diario Militar gira en torno a un registro documental que fue obtenido en 1999, el cual compila las fichas de 183 personas que fueron investigadas, detenidas, asesinadas y desaparecidas durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1983 y 1986.

Un día después de su captura, frente al juzgado a cargo del caso, su abogado Abraham Girón solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez, aplazar la primera audiencia para estudiar el expediente judicial y evaluar la prueba que presentó el Ministerio Público en contra de su cliente.  El juez accedió y la programó para el miércoles 18 de mayo.

El juez Gálvez, quien firmó la orden de captura, explicó que, según las evidencias, Acevedo trabajó para la sección del Estado Mayor Presidencial conocida como “El Archivo” o “La Regional” desde antes de 1980. Aunque sus abogados disputaron, para empezar, el hecho que se le señale como trabajador de dicha unidad militar. Paolo Montes y Girón afirmaron que Acevedo es abogado y que durante 39 años laboró para las empresas de Cementos Progreso, la mayor productora de cementos del país.

Al contactar a la empresa, Óscar Ramón Méndez, encargado del departamento de Desarrollo Humano, respondió que por políticas internas no brindan información ni de sus trabajadores actuales ni de quienes dejaron de serlo.

El día después de su captura, la compañía emitió un comunicado a través del cual indicaron que el perfil de Acevedo “no corresponde, para nada, con los delitos que se le imputan” y reconocieron estar a disposición de colaborar con las autoridades competentes.

En contraparte, el abogado Francisco Vivar, representante de dos sobrevivientes involucrados en este caso, explicó que un testigo con datos bajo reserva expuso en su declaración que Acevedo formó parte del grupo élite del ejército en los años 80.

Vivar destacó que en su declaración el testigo afirmó que Acevedo era conocido como “El Loco” o “Locuaz”, se graduó como subteniente de reserva en el Instituto Adolfo V. Hall en Zacapa y además le vinculó con el primer intento de crimen del exalcalde Manuel Colom Argueta en 1978. El líder político fue asesinado posteriormente el 22 de marzo de 1979, cuando fue interceptado por un grupo de militares en la 5ª calle y 3ª avenida de la zona 9 y recibió 40 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El nombre de Acevedo se encuentra en la columna izquierda, en el numeral 2-15.

No fue primera vez que su nombre salió a la luz. Hace 17 años, cuando Cementos Progreso instaló una planta de cemento en San Juan Sacatepéquez, un proyecto que no hubiese avanzado sin el uso de las fuerzas de seguridad del gobierno y la seguridad privada de la cementera, entonces bajo dirección de Acevedo. Daniel Pascual, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC) y líder indígena, mencionó que el ahora acusado creó una estructura militar clandestina que entre 2008 y 2016 amenazó y atacó a 12 comunidades del occidente de este municipio del país.

Bajo ese esquema, señala Pascual, la seguridad de la cementera armó grupos de choque, quienes bajo órdenes de Acevedo orquestaron la masacre de Los Pajoques, aldea de San Juan Sacatepéquez, el 20 de septiembre del 2014. Hecho que, según relata, fue originado por un grupo armado que se adueñó de una vivienda, que luego sería quemada por una turba que mató a ocho personas. Cementos Progreso ha negado involucramiento en estos hechos.

El integrante del CUC manifestó que presentaron denuncias ante la fiscalía en contra de Acevedo. En los registros de la Oficina de Atención Permanente del MP aparecen tres que fueron desestimadas: en 2003 por coacción y amenazas; en 2007 por usurpación y falsedad ideológica; y 2013, por amenazas. Los abogados de Acevedo respondieron que no tienen conocimiento de estos casos pues apenas conocerán el expediente que el MP les ha entregado.

En 2018 y 2019, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej denunció en sus redes sociales hechos violentos contra comunidades indígenas de ese municipio. Este conflicto tiene varios años de existir y se debe a la oposición de los comunitarios a la operación de la planta cementera San Gabriel, propiedad de Cementos Progreso, que según las denuncias provoca daños ecológicos irreparables y los ha despojado del territorio y sus recursos naturales.

Acevedo se une a los nueve militares que el MP acusa de participar en una organización clandestina, dentro de la estructura militar que montaba operaciones ilegales de allanamiento, secuestro y tortura durante el gobierno de Mejía Víctores. Las víctimas, según las investigaciones, eran profesionales, académicos, líderes estudiantiles disidentes del régimen militar. Entre ellas, muchos continúan desaparecidos. Otros fueron asesinados y quienes sobrevivieron se exiliaron y ahora son las voces que presentaron su relato ante el juez Miguel Ángel Gálvez.