A pesar de existir el Transurbano, Transmetro y Transexpress  de Mixco como medios de transporte en el área metropolitana, que iban a sustituir los buses rojos, la baja cobertura de estos servicios obliga a que miles de guatemaltecos recurran a taxis rotativos o “comunitarios”, así como vehículos particulares, sin que nadie vele porque cumplan las medidas sanitarias y no afecten económicamente a los usuarios.

A sus 62 años, Aracely Gómez trabaja como encargada de mantenimiento en una empresa de publicidad en Majadas, zona 11. La travesía diaria para movilizarse es similar a la de muchos que utilizan el transporte público. Gómez gasta un promedio de Q22 en pasaje todos los días para llegar a su trabajo y después regresar a su vivienda en Ciudad Peronia, Villa Nueva.

A las 6.30 de la mañana, Gómez aborda un taxi comunitario que le cobra Q10 para trasladarla desde su casa al Anillo Periférico, en donde paga Q1 para abordar el Transmetro, al descender, aún debe caminar para llegar a su destino. 

La travesía no termina allí, por las noches el Transmetro tampoco la deja frente a su casa, cerca de la estación aborda un microbús que la deja en la colonia, estos a parte de ir sobrecargados, cobran Q10 por ser un “servicio nocturno”.

Todos los días se expone a sufrir un asalto de parte del piloto de alguno de los taxis no autorizados, pero sobre todo a contagiarse de covid-19 por la cantidad de personas que viajan junto a ella, casi siempre cuatro pasajeros más el conductor.

“Ya se les olvidaron las medidas que tienen que tomar, al principio andaban con el bote de gel, ahora no tienen. A veces los conductores tampoco llevan mascarilla y se arriesga muchísimo uno, pero la necesidad de los taxis le toca a uno”.

Los taxis comunitarios trasladan varios pasajeros a la misma vez a determinados puntos.

Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público delegado por la  Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), refiere que los taxis “piratas” o vehículos no autorizados para trasladar personas, circulan en toda la metrópoli, esto se debe a que el servicio de transporte público no cubre la demanda de usuarios, especialmente en las  zonas 7, 18 y 21.

“Muchos de los que eran propietarios de los buses rojos compraron carros particulares y los pusieron a rutear, algunos de ellos están coordinados por pandilleros, ellos son los que les dan permiso para circular y deben pagar por ese derecho”.

Guerra refiere que de 2 mil unidades del Transurbano que comenzaron a circular a finales de 2009, solo quedan 400. La mayoría tuvieron desperfectos mecánicos y no fueron reparados, pues según los propietarios no tenían recursos. A este problema se suman las constantes denuncias por cobros indebidos en ciertos horarios mediante la modificación de los sistemas de cobro.

Según datos de la PDH previo a la pandemia, eran al menos 2 millones de usuarios del transporte público en el departamento de Guatemala, aunque estiman que la cantidad se redujo en un 45% debido a la ausencia de estudiantes en los centros educativos y por el trabajo desde casa.

Amílcar Montejo, Intendente de Tránsito de la municipalidad capitalina, refiere que ante la ausencia de buses, han puesto énfasis en los taxis, debido a que muchos circulan sin autorización o sin cumplir con medidas sanitarias por la pandemia.

“Algunos vehículos llevan el rótulo de taxis, pero no son autorizados y son utilizados para asaltos, hemos encontrado vehículos particulares que prestan servicio pero no tienen autorización”.

La multa para quienes sobrecargan los taxis es de Q500 o Q1 mil si son reincidentes. A pesar de eso, Montejo dice que durante los operativos se han encontrado con la misma resistencia de los pasajeros que defienden al conductor y alegan que no se subieron en contra de su voluntad.