Los beneficiarios de la corrupción han sufrido tres embate en una semana y han enfrentado una derrota. Parcial, pero igualmente una derrota. Se han salido a defender, capturando a una de las fundadoras del partido Semilla, la ex diputada Ligia Hernández. Pero su acción criminalizadora no detuvo los golpes a los antiguos oficialistas.

El partido Semilla logró en el Congreso su primera victoria política desde que forzó la toma de posesión de Bernardo Arévalo como Presidente y logró imponer una directiva sin integrar a los abanderados del viejo régimen. La ampliación o el ajuste presupuestario es una victoria de grandes proporciones. Primero, porque se logró pese a las amenazas de quienes dominan el Ministerio Público de perseguir a los diputados dispuestos a un acuerdo con el gobierno. Segundo, porque alcanzó un objetivo mediato: autorización para ejecutar dinero ya recaudado. Tercero, porque por primera vez Semilla se vio dispuesta a negociar, una función vital en política, con los voraces opositores. Nadie puede ejercer poder sin arriesgar capital político y sin sufrir desgaste. Semilla parece entenderlo.

¿Cómo impedirá que esas negociaciones se traduzcan en corrupción y se desvirtúe su principal promesa electoral? Esa es la apuesta más grande para los oficialistas que sólo gracias a ese riesgo asumido hoy ven asequible modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, y así despistolizar a sus enemigos que buscan reinstaurar en toda su plenitud el sistema de impunidad para la corrupción.

La Fiscal General tuvo que encajar otro golpe de gran relevancia a las pocas horas de esa derrota legislativa.

El anuncio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de una macro red de evasión y presumible corrupción, que incluye a las empresas favoritas del gobierno de Alejandro Giammatei y Miguel Martínez, pone en predicamento al MP que ha ignorado todas las evidencias de enriquecimiento del ex Presidente y su pareja. La Fiscal, la Contraloría, hoy se ven obligados a articular un caso que ya es objeto del escrutinio público, gracias a la difusión que le dio el Superintendente.  Hay suficientes elementos para que avance esa causa con fuerza en la prensa. Consuelo Porras necesitará mucha caradura para hacerse la desentendida.

El Superintendente y su equipo merecen reconocimiento. Saben que por este tipo de averiguaciones no pocos fiscales y jueces se encuentran en el exilio o en prisión. Su gesta hace pensar que ven finito al régimen que criminaliza a quien persigue la corrupción, que no todo está perdido.

Que una empresa tan grande y tan notoriamente favorecida por el gobierno de Giammatei como Aspetro se vea relacionada con esta macro red es un indicio demasiado notorio para que la fiscal Porras pueda ignorarlo. Al enriquecimiento evidente del ex presidente y de Miguel Martínez se suman estos hechos que constituyen delito. Los operadores del bando de la impunidad para la corrupción no preveían un golpe de estas proporciones desde la SAT.

Y la denuncia pública del  Presidente de la Corte Suprema contra la mayoría de sus colegas magistrados, a quienes señala de estar abocados a la re elección o a la prolongación de su magistratura le pone la tapa al pomo en la semana. Esta denuncia precede a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena cumplir con el plazo para reemplazar a los magistrados.

La Corte de Constitucionalidad, cómplice en tantas resoluciones de exculpar a corruptos, hoy le añade una dificultad a ese régimen aún poderoso pero que encaja diferentes golpes en pocos días.

La pregunta es si acaso se abre, de manera lenta, una esperanza de volver a un sistema auténticamente republicano y que por tanto rechaza la corrupción.