Los tres conductores y periodistas del programa Con Criterio hablan sobre el por qué de su postura, en contra o favor de una ley que pretende controlar la formación, el funcionamiento y efecto de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Guatemala.

¿Por qué estoy en contra de las reformas a la ley de ONG?

En la forma, porque el procedimiento utilizado para aprobarlo va en contra de la buena práctica parlamentaria, que propicia una discusión abierta y transparente. Los oficialistas sorprendieron a quienes no son sus aliados e impidieron una discusión real de la ley.

Y en el fondo, no estoy de acuerdo con ella porque lo veo como una vuelta de tuerca más de quienes dominan el sistema político y económico en el país para dificultar o en el peor de los casos impedir las expresiones que disienten con ese sistema. En un país en el cual 60 por ciento de la población se debate entre la pobreza y la miseria es apenas razonable que haya quienes quieran reformar el sistema. Nuestra historia demuestra que todo intento por acallar a los reformistas termina por conducirnos a expresiones más violentas y extremas.

No dudo que las Organizaciones No Gubernamentales deben ser objeto de escrutinio y fiscalización, pero dejar en manos de un funcionario la decisión de cancelar la personería de una entidad en base a criterios que no están claramente definidos en la ley (como alteración del orden público) propicia arbitrariedades y excesos. Encuentro rasgos de autoritarismo en esta normativa que son coherentes con el talante políticos de quienes la impulsaron originalmente, de quienes promovieron su aprobación precipitada y forzada y me decepciona que los diputados del partido que llevó al gobierno a Alejandro Giammattei se encuentren ahora entre sus impulsores.

Que dejen de hablar generalidades. Que ilustren un caso y así debatimos en concreto.

Nada bueno augura.

Pedro Trujillo

Algunos aspectos de la ley pueden ser debatibles, censurables o modificables, para ofrecer mayor certeza jurídica a las ONGs. Sin embargo, es necesaria una norma para impedir que dinero, intereses, países o personajes extranjeros, con claros fines de imponer una agenda política nacional en ciertos temas -algo suficientemente evidenciado-, puedan generar dinámicas adversas al desarrollo del país o agendas de rentabilidad personal o de grupos.

En los últimos años se han visto ONG contra la minería, el desarrollo, las hidroeléctricas o a favor del genocidio. Sus fines:  impedir el debate de ciertos temas, imponer sus intereses y cobrar por ello. Juristas, sociólogos, cineastas o militantes ideologizados, han sido receptores de decenas de millones de dólares para esos espurios fines, por supuesto sin fiscalización y siempre de forma oculta, disimulada o anónima.

Las agendas de otros países o grupos han estado dinamitando el desarrollo nacional con múltiples protestas, robos de electricidad, cortes de vías de comunicación o foros en los que se han contado mentiras o verdades a medias y cuyos organizadores han recibido significativos “dividendos” o viajes al extranjero, como pago por el trabajo realizado.

Claudia Méndez Arriaza

No comparto la aprobación por razones de forma y fondo:

El ardid: los diputados de oposición admiten su sorpresa cuando la discusión fue incorporada de último momento y bajo excusa de tratar medidas frente al Coronavirus. Modificar la agenda e incorporar al pleno asuntos de interes de los congresistas y sus representados es legítimo, pero ¿incluir esta ley como punto relacionado a una enfermedad mundial? Es normal que un diputado levante la mano para tratar medidas frente a un virus amenazante, pero que en la hora crucial, los oficialistas desengavetan una ley polémica y controversial es un engaño.

Sin debate: los vídeos de la jornada revelan que cuando opositores solicitaron espacio para la discusión y debate, sus micrófonos fueron silenciados. Es claro: los 83 votos para pasarla estaban contados, así que escucharlos resultaba innecesario. Una actitud antidemocrática: aunque la votación define la suerte de cada propuesta, el sistema exige escuchar y ser escuchados. Ese es el mismo mecanismo bajo el cual el Partido Patriota promovió leyes ahora derogadas y cuyos ponentes están bajo sospecha de aceptar sobornos por hacerlas avanzar.

Libertades: las organizaciones no gubernamentales y los diputados opositores señalan la ley de restrictiva y limitante. Normas del mismo corte fueron promovidas en régimenes autoritarios con un fin: apagar el volumen de voces disonantes del poder. Tal como apagaron ayer los micrófonos de uno de los diputados que no solo denunciaba el engaño bajo el cual llegó la iniciativa al pleno, sino exigía tiempo para revisar hacia dónde iba la legislación.