La tropa militar de unos 100 mil elementos que participó en los años 80 en el conflicto armado interno celebró en octubre pasado una victoria: el Estado los resarcirá con Q36 mil a cada uno. Para llegar allí, bloquearon calles, marcharon hacia el Congreso de la República e incluso incendiaron sus instalaciones para reclamar la promesa incumplida de Alejandro Giammattei.

Una ley estableció que el dinero se pagaría 36 meses, pero en otro acto y en plena época de campaña, 15 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) del bloque que lidera Sandra Torres, precandidata presidencial, busca la gracia de los veteranos y el miércoles propusieron: que el dinero se pague en 18 meses y no en 36 como quedó en ley.

Daños causados por la quema de instalaciones del Congreso, por veteranos militares.

Félix Palencia, diputado ponente de la UNE, justifica la inflación y la falta de solvencia económica de estas personas:

“Hay mucha gente que está hablando que es un botín político y que ellos son un grupo que van a poder manipular las elecciones, pero nosotros lo vemos como un aporte para tener 18 meses de solvencia económica”.

Los tratos y ofrecimientos a militares retirados han existido en los gobiernos más recientes, como el de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Con este último recordamos la promesa de campaña:

“…como el otro Congreso va estar medio pintadito de verde, yo como Presidente voy a ir como comandante del Ejército a pararme frente del Congreso, hasta que pase la ley de dignificación…”.

Ese bloque verde es el de Torres, aliado incondicional en los últimos tres años y que hoy les hace la segunda propuesta a los militares. Mientras que ellos admiten:

“Parecemos un trofeo electoral para todos y la verdad que tenemos la capacidad y creo que esta elección, nosotros vamos a decidir quién va a ser el presidente”, afirma Eladio Flores, presidente de la Junta Nacional de Veteranos Militares.

Los diputados de Torres pretenden reducir a la mitad el tiempo de entrega del dinero incluso antes de que a los veteranos se les hayan asignado las tareas de reforestación, protección y conservación de los bosques como lo establece la ley. El sargento Flores confirma que no hay fecha de inicio de los trabajos, tampoco saben qué harán.

“N están definidos, no nos han comunicado nada, por eso no les hemos dicho nada a la tropa porque si no, ellos se confunden… van a pensar algunos que van a ir a sacar piedras y eso no es así”.

¿Qué pasará si se paga en 18 meses los Q36 mil? Ahí se acaba el programa. Con este punto se augura un fracaso, dice Eddie Mendoza, exviceministro de desarrollo económico rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA):

El programa de Bosques y Agua para la Concordia repartió montón de millones de quetzales en pagos a expatrulleros civiles, pero tal vez hicieron las reforestaciones, pero no hubo seguimiento y entonces no fue exitoso; más bien fue un programa político, durante el gobierno de Otto Pérez y es lo mismo que están haciendo ahorita con el programa de Desarrollo Integral.

El exviceministro, en cambio, considera que Probosque y el Programa de incentivos para poseedores de pequeñas extensiones de tierras de vocación forestal o agroforestal (Pinpep) dirigido a civiles ha tenido éxito por el seguimiento:

Por ejemplo: reparten Q13 mil por hectárea reforestada, pero en 6 años. El primer año daban Q6 mil por una hectárea reforestada -porque es cuando se gasta más-, en el segundo año si tenía por arriba del 90% se le daba otro aporte, pero la persona tenía compromiso de reforestar una hectárea y el dinero se daba en partes.

Los veteranos están por arriba de los 53 años, el sargento Flores dice que buscarán que quienes, por avanzada edad o incapacidad ya no pueden realizar los trabajos, también reciban el dinero al igual que las viudas.