Hace un año, el domingo 27 de agosto, Guatemala despertó con un mensaje que sacudió y provocó un cisma en la política nacional y trastocó las relaciones internacionales:
“El Presidente de la República y jefe de Estado de Guatemala con fundamento en la Constitución Política (…) por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordeno que abandone de inmediato la República de Guatemala”.
Fue el mensaje que a través del canal de gobierno y por la vía de redes sociales difundió el mandatario Morales. Así rompió las relaciones con uno de los líderes de la lucha contra la corrupción en el país, Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Apenas 5 meses antes de que un informe del Tribunal Supremo Electoral detectara anomalía en las finanzas del partido de Gobierno, Jimmy Morales aplaudía el trabajo del MP y la CICIG:
“Mantengamos esa unidad para luchar contra la corrupción (…) Guatemala dio un ejemplo, las plazas públicas se convirtieron en auténticas plazas de la Constitución, donde se reclamó justicia y rendición de cuentas, apoyando el trabajo del Ministerio Público y de la CICIG”.
¿Qué pasó? ¿Por qué Morales cambió de discurso e intentó expulsar a Iván Velásquez?
Dos eventos marcan su distanciamiento con Velásquez, el primero ocurrió en septiembre de 2016 y el mismo presidente lo hizo público:
Hoy debo comunicarles una situación particularmente difícil, uno de mis hijos me comentó que se había enterado de las acusaciones en contra de la entidad mercantil Fulanos y Menganos, en donde él y uno de mis hermanos podrían tener alguna relación por cotizaciones de servicios de alimentos.
El segundo: las inconsistencias en la contabilidad de FCN-Nación se convirtieron en una denuncia penal revelada apenas dos días antes de que Morales ordenara la expulsión del país del Comisionado. En el Ministerio Público, Velásquez anunciaba por primera vez la solicitud de retiro de inmunidad para investigarlo:
Sin que se haya violentado el derecho de antejuicio, con la que goza el señor presidente, se ha formado un expediente acerca de la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa, debido a que en su calidad de Secretario pudo haber recibido contribuciones anónimas, además de no haberla registrado en los libros contables.
Mientras tanto, el mandatario en Washington se reunía con António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas (ONU) ente rector de la CICIG, para plantear una queja sobre el Comisionado y pedir la revisión del acuerdo que define el trabajo de la comisión en Guatemala.
Morales ha usado diferentes cartas para desacreditar a la CICIG y al MP. En abril de este año, en su cuenta de FB publicó el video para denunciar un allanamiento ilegal en Casa Presidencial, realizado en noviembre de 2017, lo que se le olvidó que un día después de esas diligencias dijo:
“En casa presidencial no hubo allanamientos”
Este año Morales ha intentado acertar golpes a la Comisión en especial en temas de seguridad y financiamiento.
En mayo la Cancillería, a través de la vía diplomática, pidió a Suecia cambiar a su embajador en Guatemala, Anders Kompass, bajo el argumento “injerencia”. Suecia es el segundo financista de la CICIG, después de EE.UU. de 2009 a 2018 los nórdicos ha contribuido con US$33 millones para el funcionamiento de dicho organismo.
“El embajador llamó corrupta a la sociedad guatemalteca y ese tipo de comentarios no lo toleramos” dijo la canciller Sandra Jovel.
En Julio, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ordenó el retiro de 20 agentes de la policía que estaban destinados a la Comisión y lo justificó como una reorganización en zonas peligrosas.
Al presidente lo han acuerpado ministros, alcaldes, diputados. Mientras que Velásquez y Kompass han sido respaldados por la Corte de Constitucionalidad y han permanecido en sus cargos.