Son alrededor de 50 comunidades de Tajumulco, Malacatán y San Pablo, en San Marcos, donde miles de estudiantes deben terminar las tareas antes de que se oculte la luz del sol: hace un año que están sin conexión eléctrica por un antiguo conflicto con Energuate, la distribuidora de energía.

Hoy otra dificultad para los escolares: la mayoría de centros escolares educan a distancia y para los papás es un suplicio, dice Gonzalo Barrios, padre de familia y agente de seguridad privada que durante la pandemia perdió su empleo:

“Para las tareas hay que estar cargando los celulares, llevarlos a donde sí tienen energía y pagar Q5 para la cargada; porque no todos están yendo a las clases presenciales, entonces ha sido complicado”.

William Muñoz, director técnico del Instituto Tecnológico Benson, ubicado entre los 30 colegios e institutos con excelencia académica del país, señala:

Hemos tenido el aval de salud para trabajar presencialmente en rojo y naranja, porque los alumnos no tienen energía en su casa; incluso en el colegio cargan su teléfono para llevarlo con energía a su hogar. Y por eso no estamos utilizando mucho las plataformas virtuales porque los estudiantes no pueden conectarse.

El problema con el fluido eléctrico es histórico: hay vecinos que llevan 15 años sin pagar las facturas, pues reclaman abusos en los cobros; la empresa suspendió el servicio de forma general en enero de 2021, incluso a quienes sí estaban al día en sus cuentas. La consecuencia fue que ciertas comunidades conectaron de forma ilegal. Las comunidades con suspensión sumaban 64, pero en los últimos meses se han logrado reconectar 14 tras realizar convenios con la compañía.

Luis Morales, auxiliar de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, cuenta en qué consisten estos acuerdos:

• Planificaron un plazo de 10 años pagar la deuda
• Condonaron el 60% de la deuda si pagan de una vez

Este reportero llamó y escribió a Mynor Amezquita, vocero de Energuate, pero no respondió. Lissette Barrios, una directiva   de la compañía dijo que estaba en una reunión. Tras el cierre de la nota Amezquita, envió vía chat:

“Unas 200 comunidades en 23 municipios del país han acordado con la distribuidora la eliminación de las conexiones directas y la normalización del suministro eléctrico, de enero 2021 a enero 2022.

La empresa ha promovido la reincorporación al ciclo comercial de más de 26 mil clientes, de enero del año pasado a esta fecha, a quienes se ha exonerado parte de la deuda y brindado facilidades de pago, como parte de los acuerdos. En San Pedro Pinula, Jalapa, un proceso de diálogo permitió a unas 25 comunidades acceder a facilidades de pago, normalizar el servicio y retomar la lectura y facturación de más de cuatro mil viviendas. En el triángulo Malacatán, Catarina, San Pablo, en la bocacosta de San Marcos, considerado el de mayor penetración de la práctica de robo de electricidad, 31 comunidades han retornado a hacer sus pagos por el servicio eléctrico”.

El padre de familia entrevistado por ConCriterio es un vecino que se opone al acuerdo, su deuda con la empresa suma Q26 mil durante 15 años. Se niega porque, según él, continúan los cobros excesivos.

“A mi no me viene recibo, solo a quienes han hecho convenios, pero se quejaban de que la factura llegaba de entre Q300 y Q400 mensuales”.  Antes cuando no tenía refrigerador pagaba Q15 o Q25; luego Q200 y fue subiendo”.

En febrero del año pasado, un juzgado amparó a la PDH y ordenó a Energuate reconectar la energía, pero hubo vecinos opositores a la reconexión y no permitieron el ingreso de los trabajadores de la compañía y los amenazaron para evitar su ingreso a las comunidades. El defensor del PDH, comenta:

Otro problema que surgió es que la empresa está haciendo cobros que no debe hacer. En la comunidad El Chichihuíte no tiene energía desde hace un año, pero en todo el año le han facturado a la gente. ¿Cómo puede pasar eso? Ellos -Energuate- han contratado a una tercera empresa para que haga la lectura y ellos como no han podido entrar a las comunidades, facturan con base al último registro que tuvieron”.

ConCriterio llamó y escribió mensajes de chat a los alcaldes de los tres municipios afectados, pero no respondieron. Josué Chávez, jefe edil de Tajumulco, se limitó a decir en mensaje de texto que 14 comunidades han sido reconectadas.

Ha sido un año de suplicio para estos vecinos: quienes tienen posibilidades compraron plantas y paneles solares, pero la mayoría vive a oscuras y a los papás no les queda más que pagar Q5 en donde sí hay energía, para cargar los teléfonos y que sus hijos reciban clases y hagan sus tareas.