Hace cuatro años el papá de José fue condenado a 84 años de cárcel por un asesinato. La pena fue un golpe para la familia, pero estaban desgastados cuando llegaron a esa etapa.

Fue la época más tortuosa para la familia, definitivamente.

Este joven y que prefiere reservar su identidad debió atravesar junto con su familia angustias en los tribunales antes de saber si su papá, un de 56 años, sería condenado o absuelto: esperaron 5 años de prisión preventiva:

Era una preocupación muy grande, como estar en la cuerda floja durante tanto tiempo. Hubo audiencias que programaban con tres meses de diferencia y cuando estaba por llegar el día, las corrían o eran suspendidas porque el juez o no llegaba o los prisioneros no eran traslados a tribunales.

Mucho antes de enfrentar el juicio, cuando habían transcurrido 2.5 años de prisión preventiva, la familia no tuvo más dinero para pagar a los abogados privados, pero ya habían erogado unos Q150 mil.

Los abogados privados son carísimos y nosotros no estábamos en posición de pagarlos; hubo un momento en que nos quedamos sin dinero y tuvimos que acudir a la Defensa Pública Penal.

Con los abogados públicos el caso no tuvo ningún cambio según el muchacho.

Otto Paz, exrelator de la Oficina Contra la Tortura, dependencia encargada de denunciar los malos tratos, penas crueles e inhumanos en las prisiones:

“La serpiente le pica al descalzo y pasa con la justicia y más del 98% de las personas en prisión son de escasos recursos. Cada defensor en la Defensa Pública lleva más de 500 expedientes, se le acumulan los debates y los auxiliares fiscales del Ministerio Público (MP) tampoco van a todas las audiencias, en algunas presentan excusas o prórrogas para la prisión preventiva”

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) en 2022 ha recibido 14 mil 352 nuevos casos para un total de 40 mil 941 procesos activos a cargo de 589 abogado:

• 6 mil 99 están en prisión preventiva
• 23 mil 443 con medida sustitutiva y
• 11 mil 399 en cumplimiento de condena.

Raúl Robles, un abogado y coordinador la unidad de abogados de la institución, cuenta que los defensores públicos insisten ante los jueces en el respeto al plazo razonable de 1 año:

Está el punto legal que establece la prisión preventiva: 1 año renovable, pero no dice cuántas veces, entonces queda disposición de lo que decida el juez. Como segundo punto se apela al enfoque doctrinario:

• Hacemos énfasis en el fin de la prisión preventiva
• El cumplimiento de los plazos del proceso
• Justicia pronta y cumplida, hacemos referencia en estos puntos para que el juez se dé cuenta que no es solo lo legal, sino el derecho que tiene la persona de ser juzgada de manera pronta y cumplida. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.

Esta oficina documenta casos que superan los 5 años de prisión preventiva. Están, por ejemplo, tres hombres entre los 20 y 30 años, que llevan entre 7 y 8 años sin llegar a un juicio.

Uno de ellos, un taxista acusado de robo y agresión sexual: desde 2015 solicitaron al juez cumplir con el plazo razonable, pero:

 “Avanzó el caso y teníamos debate para septiembre 2020, pero el procesado se opuso que se llevara a cabo por zoom”.

También está el hombre acusado de homicidio con siete años de prisión preventiva y:

Se empezó a verificar y sucede lo mismo: ya se tenía día y hora para el debate, pero aquí quienes se opusieron a que fuera vía zoom, fueron los agraviados.

Hace dos años insistieron en el plazo de la prisión preventiva pero no tienen fecha para el debate.

El exrelator cree que la responsabilidad está en los jueces:

“Le dicen la voy a prorrogar un año, pero no justifican si es por agenda de juzgados, por mora judicial, si los jueces no llegan a trabajar…”

Pablo Xitimul, Juez de mayor Riesgo:

No es cierto se abuse de la prisión preventiva, eso está claramente regulado y es facultad de juez o del Tribunal, para eso están las prórrogas y cada caso es muy particular, no podemos generalizar, nosotros solo interpretamos la ley y la aplicamos.

En el Congreso de la República hay al menos 3 iniciativas de ley que buscan que el arresto domiciliar tenga preeminencia sobre la prisión preventiva, pero han pasado casi dos legislaciones sin llegar a un acuerdo para legislar sobre el tema. Este reportero llamó al diputado Douglas Rivero, presidente de la comisión de Reformas Sector Justicia, pero no respondió. Mientras, el 45 % de 24 mil 435 reclusos siguen en prisión sin vislumbrar un juicio.

Según reportes del Presidio, en las cárceles hay:

• 11 mil 887 reclusos sin condena.

Carceletas de la Torre de Tribunales.

Visión internacional:

El Informe sobre prácticas de derechos humanos 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su apartado Guatemala, destaca que:

“La lentitud de las investigaciones y la falta de recursos judiciales obstaculizaron los esfuerzos para reducir la prisión preventiva y el encarcelamiento ilegal. Las autoridades no liberaron a algunos presos después de que cumplieron sus sentencias completas debido a que los jueces no emitieron la orden judicial necesaria u otros retrasos burocráticos.

Las largas investigaciones y las frecuentes mociones procesales tanto de la defensa como de la acusación a menudo dieron lugar a largas detenciones previas al juicio, lo que retrasó los juicios durante meses o años.

Y no siempre había intérpretes disponibles, incluso para las víctimas indígenas en los tribunales de alto riesgo. Los funcionarios realizan juicios en español, el idioma oficial, aunque muchos ciudadanos hablan solo uno de los 23 idiomas indígenas reconocidos oficialmente”.